El abogado Juan Andrés Robles, representante legal de Mario Alberto Martínez Zalazar Pérez —funcionario de carrera de ARCA (ex AFIP) y denunciante en la causa contra Luis Ontiveros— cuestionó duramente la estrategia de la defensa del imputado, a la que calificó como un recurso habitual en procesos penales. Según sus palabras, se trata del “viejo ardid de descalificar a la víctima”, acompañado de una serie de planteos de nulidad cuyo único fin es frenar el avance de la investigación judicial. Para Robles, no existe hasta el momento ninguna prueba contundente que respalde la inocencia de Ontiveros ni una defensa técnica que pueda desvirtuar la denuncia.
En su exposición, Robles relató cómo se originó el vínculo entre su cliente y el acusado. Explicó que Martínez Zalazar conoció a Ontiveros a través de la abogada Adriana Martínez, también integrante de ARCA, quien lo derivó a un encuentro en un bar reconocido y le proporcionó el contacto del imputado. Este detalle fue respaldado con capturas de pantalla extraídas del teléfono celular de su cliente, entregadas al fiscal a cargo de la investigación. En contra de lo que sostiene la defensa de Ontiveros —que asegura que las pruebas recientes derriban la denuncia inicial—, Robles enfatizó que los testimonios y elementos incorporados al expediente siguen revelando una red de intereses compartidos en torno al acusado.
La estrategia defensiva de Ontiveros apunta a demostrar que las declaraciones recogidas en la causa contienen inconsistencias graves, llegando a calificarlas de “mentiras comprobadas bajo juramento”. Para el entorno legal del acusado, los tres encuentros referidos en la denuncia carecen de sustento, lo que debería llevar a una revisión completa del proceso. Aseguran, además, que esta imputación afectó severamente tanto su vida personal como profesional, convirtiéndolo en víctima de un hostigamiento carente de pruebas.
Ante esas afirmaciones, Robles respondió con firmeza. Sostuvo que se intenta presentar a su cliente como partícipe de una conspiración con fines políticos, en particular, para perjudicar la candidatura de Solana Casella —pareja de Ontiveros— a jueza federal. Sin embargo, aclaró que ese aspecto no tiene relevancia para Martínez Zalazar, cuyo único interés era resolver la situación judicial de su hijo. Según la denuncia, Ontiveros habría ofrecido gestionar, a cambio de dinero, una sentencia favorable del camarista Mario Leal, en cuya vocalía trabaja Casella como relatora. “Mi cliente fue víctima de una verdadera extorsión: le exigían dinero para evitar que su hijo fuera a prisión”, subrayó el abogado.
Robles también hizo referencia a los vínculos patrimoniales entre los involucrados, aludiendo a una “comunidad de bienes e intereses” compartida por Ontiveros, Casella y Leal. Explicó que la pareja reside en una propiedad ubicada en el country Alto Verde 1, inmueble registrado a nombre de Casella y Leal. Asimismo, mencionó la venta de un automóvil Toyota Corolla Cross, patente AF611UM, publicada por Casella en el grupo de propietarios del country. Ese vehículo, que era utilizado habitualmente por Ontiveros, también pertenece a Leal, lo que refuerza, según Robles, la trama de intereses comunes.
La causa se remonta al 29 de abril de 2025, cuando Martínez Zalazar Pérez presentó la denuncia ante la Fiscalía Federal N° 2. En su testimonio, sostuvo que Ontiveros —identificado como supuesto “sobrino” del camarista Mario Leal— le habría pedido una suma de 100.000 dólares a cambio de asegurar una resolución favorable para su hijo, Jerónimo Martínez Parada, en una causa radicada en Catamarca. Según el denunciante, el fallo sería redactado por Solana Casella.
El fiscal subrogante Agustín Chit, a cargo de la investigación, reunió elementos significativos. Entre ellos, se comprobó que Ontiveros utilizaba un vehículo Fiat Toro que estaba registrado a nombre de la Corte Suprema de la Nación y asignado a la vocalía de Leal. También se verificó la existencia de un vínculo personal con el camarista —aunque no filial—, el uso de la billetera virtual del juez para realizar pagos y la participación de dos hermanos de Ontiveros como empleados en la vocalía de Leal.
En el marco de las medidas judiciales, el juez federal N° 2, José Manuel Díaz Vélez, dispuso el secuestro del teléfono celular de Ontiveros. Con herramientas de software y hardware forense de la empresa Cellebrite se procedió a la extracción de la información contenida en el dispositivo, material que podría resultar clave para el avance de la causa.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Ontiveros, a través de sus abogados, rechazó todos los cargos en su contra. No obstante, hasta el momento no ha prestado declaración indagatoria, una instancia que, según trascendió, podría concretarse en los próximos días.