Acusan a otra mujer por producir certificados médicos falsos

Por solicitud de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal subrogante Diego López Ávila, se llevó a cabo este lunes 10 de noviembre una audiencia judicial con el propósito de formalizar la investigación, presentar los cargos y pedir la aplicación de una medida cautelar severa contra una mujer de 39 años, sospechada de haber fabricado sellos falsificados destinados a la emisión de certificados médicos apócrifos.

La detención de la acusada se produjo el sábado pasado alrededor de las 18:00 horas, luego de un allanamiento ordenado judicialmente en su domicilio, situado en el barrio San Francisco, en la capital tucumana. Durante el procedimiento, los investigadores recolectaron elementos clave para la causa.

Según lo detallado por la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, en la vivienda se hallaron múltiples pruebas vinculadas a la maniobra delictiva. “En el domicilio se encontraron el celular de la imputada y cinco sellos apócrifos: del hospital Avellaneda, del Ministerio de Educación, de un CAPs, de una médica tocoginecóloga y de una directora de escuela. Con estos sellos apócrifos se confeccionarían certificados médicos truchos, aptos físicos, formularios de Anses para planes sociales, fichas médicas escolares y certificados médicos en general”, explicó la funcionaria judicial. Además, sostuvo con firmeza que “claramente estamos ante una organización criminal”, en alusión al carácter sistemático del delito.

Briz Tomás precisó que a la mujer se le imputa el delito de falsificación o adulteración de sellos oficiales, en calidad de presunta autora material. Asimismo, presentó ante el tribunal las evidencias recolectadas hasta el momento y fundamentó la necesidad de dictar prisión preventiva por 30 días, argumentando que la medida busca garantizar el avance de la investigación. “No sólo hay víctimas como las doctoras, sino también instituciones públicas. La imputada, de quedar en libertad, puede destruir, modificar, suprimir o falsear elementos de prueba. Quedan varios consortes de causa que ni siquiera pudieron ser habidos en los domicilios denunciados”, expuso la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Por su parte, la defensa técnica de la acusada se opuso al pedido de prisión preventiva, solicitando en cambio que se le impusiera arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Tras un breve cuarto intermedio para deliberar, el juez interviniente resolvió otorgar la prisión preventiva por 30 días, aunque bajo la modalidad de detención domiciliaria. No obstante, la auxiliar de fiscal adelantó su decisión de apelar la resolución, disconforme con la medida atenuada.

La teoría del caso

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el 8 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, durante el allanamiento dispuesto por una jueza en una vivienda del barrio San Francisco, se produjo el descubrimiento de cinco sellos falsificados. Entre ellos, uno contenía la inscripción “(nombre) directora”, otro llevaba la leyenda “Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda SIPROSA Tucumán”, un tercero decía “Ministerio de Educación Escuela de Nivel Inicial Mutual Provincial Capital Tucumán”, mientras que un cuarto rezaba “CAPs San Martín SIPROSA”. Finalmente, se halló un sello con la inscripción “(nombre) tocoginecóloga”, junto con una almohadilla utilizada para su aplicación.

Según la investigación, la imputada habría obtenido estos sellos mediante maniobras fraudulentas, con la intención de utilizarlos para falsificar documentación oficial. Con dichos elementos, presuntamente confeccionaba certificados médicos falsos, fichas de salud adulteradas, y formularios truchos destinados a distintos fines, incluyendo la presentación ante organismos públicos y planes sociales.

De esta manera, la fiscalía sostiene que la mujer no actuaba de manera aislada, sino como parte de un esquema delictivo más amplio, en el que el uso de instrumentos apócrifos servía para legitimar documentación sanitaria falsa que luego circulaba en distintos ámbitos administrativos. La investigación continúa abierta, mientras las autoridades buscan identificar a otros posibles implicados en la red de falsificación.