La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal formuló cargos contra dos pastores evangélicos de Bella Vista, un hombre y una mujer de 34 años, imputados por los delitos de circunvención de incapaz en concurso ideal con usurpación mediante engaño y privación ilegítima de la libertad, actuando como coautores, en perjuicio de una mujer de 85 años. Siguiendo las instrucciones del fiscal Diego López Ávila, la auxiliar Carolina Brito Ledesma detalló los hechos y presentó pruebas, incluyendo un informe médico que describe a la víctima como “vulnerable e influenciable por terceros”.
Los imputados declararon desempeñarse laboralmente como empleado privado y docente, pero Brito subrayó la gravedad del caso: “La víctima es una persona vulnerable, hubo relación de superioridad y los acusados aprovecharon su rol de ministros de culto para hacer que suscriba un documento, usurpar su vivienda y privarla de su libertad”. Según la investigación, desde enero de 2025 los pastores insistieron en que la mujer vendiera su casa y la entregara a la iglesia, mostrando planificación y premeditación en la comisión del delito.
La fiscalía solicitó prisión preventiva por tres meses. Tras un cuarto intermedio, el juez aceptó la formulación de cargos y otorgó arresto domiciliario por 20 días debido a que la mujer imputada tiene un hijo menor con discapacidad, imponiendo tres rondas policiales diarias. Además, se ordenó la restitución provisional de la vivienda usurpada en un plazo de cinco días, con la posibilidad de intervención de la fuerza pública y de la DINAyF si hubiera menores involucrados. La víctima, actualmente, vive en condiciones precarias junto a su sobrina y no dispone de recursos para alquilar o comprar otra vivienda.
El hecho se desarrolló desde enero, con la participación de una tercera cómplice, abusando de la autoridad religiosa y de la extrema vulnerabilidad de la anciana, que vive sola y presenta disminución cognitiva. Los imputados presionaron reiteradamente a la mujer para que les entregue su vivienda en calle Manuela Pedraza al 700, amenazándola con dejarla en la calle. En junio, el pastor, tras una reunión religiosa, la hizo firmar un boleto de compra-venta por $1.000.000, entregándole apenas $15.000, bajo engaño y sin consentimiento informado.
Entre fines de junio y principios de julio, los acusados la desalojaron, trasladaron sus muebles, instalaron los suyos, cambiaron titularidades de servicios y realizaron obras de remodelación, privándola del uso de la vivienda. Posteriormente, hasta el 28 de julio, la mantuvieron encerrada en un cuarto de la casa de la madre de la imputada, controlando su libre locomoción, comunicación con familiares y reteniendo su documentación y tarjeta de débito para cobrar su beneficio previsional.