En una jornada cargada de tensión social y política, este miércoles al mediodía la Cámara de Diputados logró reunir el quórum necesario gracias a la presencia de 130 legisladores, lo que permitió iniciar una sesión clave enfocada en una serie de demandas sociales urgentes. En el temario figuran propuestas como un posible incremento del 7,2% en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional, y proyectos fundamentales como la declaración de Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Pediátrica, esta última con directa relación al funcionamiento del Hospital Garrahan.
La iniciativa que busca establecer un estado de emergencia en el ámbito de la discapacidad se presenta como una respuesta directa a las consecuencias que han tenido los recortes implementados por el actual gobierno de Javier Milei, especialmente en los sectores más vulnerables. El proyecto pretende frenar el deterioro de las condiciones de atención y garantizar la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad, fuertemente golpeadas desde el inicio de la gestión libertaria.
Simultáneamente, las inmediaciones del Congreso Nacional fueron escenario de una masiva movilización multisectorial. Coincidieron en la calle distintas convocatorias: por un lado, la protesta en apoyo a los médicos residentes del Garrahan; por otro, la movilización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y además, la histórica marcha de los jubilados que se realiza cada miércoles. A estos reclamos se sumó también la manifestación de Ni Una Menos, cuya tradicional jornada del 3 de junio fue reprogramada para unificar esfuerzos en esta jornada de protesta masiva.
Entre las voces que se alzaron durante la manifestación estuvo la de Florencia, una madre con diagnóstico de autismo que se acercó al Congreso para exigir respuestas en nombre de su hijo Santiago, un adolescente de casi 15 años también diagnosticado dentro del espectro autista. Con emoción y valentía, relató que debido a los recortes en salud, a su hijo le quitaron el acompañamiento psicopedagógico que tanto necesitaba, bajo el argumento burocrático de que “ya no lo requiere”.
Florencia explicó que estar presente en la protesta significaba un enorme esfuerzo personal debido a su condición de hipersensibilidad auditiva y emocional. “Vine por mi hijo. Lucho por él más allá de lo que me cuesta estar aquí. Puedo sufrir una crisis por la sobrecarga sensorial, pero no me voy a callar”, expresó. También denunció el clima de hostilidad y desprotección que viven las familias con discapacidad, y cuestionó directamente al presidente Javier Milei por sus expresiones ofensivas: “Nunca pensé que viviría tanta crueldad. Ahora hasta se siente permitido burlarse de un chico de 12 años. ¿Dónde quedó la protección del Estado?”.
La protesta reunió a cientos de familias, profesionales de la salud, docentes, terapistas y cuidadores, quienes reclamaron por el derecho a una vida digna y a un acceso equitativo a los servicios de salud y educación. Representantes del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad señalaron que el discurso oficialista —que minimiza la responsabilidad estatal en garantizar estos derechos— no solo es ideológico, sino también funcional a ciertos intereses económicos.
“El Gobierno, junto con algunas obras sociales, están instalando una narrativa peligrosa: la idea de que la atención de las personas con discapacidad es un lujo o una carga ajena. Preguntas como ‘¿por qué debo pagar yo la atención del hijo discapacitado de otro?’ son cada vez más frecuentes y preocupantes”, advirtió la organización.
Asimismo, el Foro respondió duramente a declaraciones recientes del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien afirmó que la discapacidad “no es un problema del Estado”. Refutaron que este tipo de afirmaciones ignoran cómo funciona el sistema solidario de salud en Argentina, donde tanto prestaciones por discapacidad como tratamientos comunes —como una apendicectomía— son cubiertos mediante aportes al seguro social, en el que participa toda la sociedad.
“Este modelo no es una dádiva, es un derecho. Lo pagamos entre todos, como pagamos muchas otras intervenciones médicas. La diferencia es que aquí se está estigmatizando a un grupo vulnerable para justificar el ajuste”, concluyeron.
En definitiva, la jornada legislativa y de protestas sociales dejó en evidencia la creciente tensión entre las decisiones del Ejecutivo y las demandas ciudadanas por derechos básicos. El Congreso se convierte en el escenario de una puja que ya trasciende lo económico y pone en juego los valores de inclusión, justicia y solidaridad que rigen una democracia.