La investigación sobre una presunta red de tráfico y comercialización de drogas operando dentro del penal de Villa Urquiza enfrenta un desenlace crítico que amenaza con concluir sin consecuencias legales significativas. Esta causa, iniciada en 2015, giró en torno a una denuncia que señalaba a funcionarios penitenciarios como responsables de obligar a los internos a participar en la distribución de sustancias como marihuana y cocaína dentro de la cárcel.
De los 17 sospechosos investigados, que incluían figuras prominentes como el exjuez de Ejecución Penal Roberto Guyot y altos funcionarios del Servicio Penitenciario, solo uno ha sido procesado, y no por los cargos graves originalmente planteados, sino por simple tenencia de drogas. El caso ilustra no solo la complejidad de desentrañar estas redes criminales, sino también las dificultades que enfrenta el sistema judicial en garantizar procesos ágiles y justos.
Desde su inicio, el caso ha estado plagado de obstáculos. En 2020, el fiscal federal Pablo Camuña impulsó la citación de 19 personas involucradas. Sin embargo, las demoras judiciales, incluidos incidentes como la pérdida de un expediente crucial en 2021, ralentizaron significativamente el avance de las investigaciones. A finales de 2023, el nuevo fiscal Agustín Chit reactivó las indagatorias, pero la ausencia de medidas adecuadas para proteger a los testigos provocó nuevos contratiempos. Además, la larga duración del proceso judicial derivó en la muerte de dos de los acusados antes de que se formalizaran los cargos en su contra.
Según los fiscales, los acusados habrían creado una estructura organizada para obtener y vender drogas dentro de la prisión, recurriendo a amenazas y violencia, tanto física como psicológica, contra los reclusos, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad. Este esquema habría funcionado durante al menos tres años, entre 2015 y 2018, involucrando no solo a personal penitenciario, sino también a miembros del poder judicial. No obstante, quienes enfrentaron las acusaciones negaron los cargos, algunos afirmando incluso contar con pruebas que demostrarían su inocencia.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez, a pesar de la gravedad de las acusaciones, optó por procesar únicamente a Sergio Walter Patto, basándose en el hallazgo de 200 gramos de marihuana y menos de 100 gramos de cocaína en su escritorio durante un allanamiento. El juez señaló que gran parte de las pruebas presentadas eran testimonios de testigos cuya identidad se mantuvo reservada, lo que, si bien es común en casos de narcotráfico, plantea serios desafíos legales y éticos en relación con el derecho a la defensa y a un juicio justo. Díaz Vélez subrayó que estos testimonios, sin evidencia adicional que los respalde, no son suficientes para fundamentar condenas sólidas.
La resolución judicial ha sido apelada por el fiscal Chit, quien busca revertir el fallo y evitar que este caso, considerado uno de los más importantes en materia de narcotráfico dentro del sistema penitenciario argentino, termine diluyéndose sin mayores consecuencias. El desenlace de esta causa tiene implicaciones significativas para la credibilidad del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en las instituciones penitenciarias del país.