El pasado miércoles 11 de junio, se llevó a cabo una audiencia judicial en la que el Ministerio Público Fiscal presentó formalmente acusaciones contra cuatro personas sospechadas de estar involucradas en una serie de robos ocurridos en San Pedro de Colalao. La causa está a cargo de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, liderada por el fiscal Diego Hevia, y en esta instancia fue representada por la auxiliar fiscal Elina González, quien también impulsó la solicitud de medidas de coerción para los implicados.
La investigación señala a un grupo familiar conformado por una mujer de 38 años, su pareja de 24, su hija de 19 y el novio de esta última, de 20 años. Según la acusación, este grupo habría irrumpido en una vivienda del barrio Villa Gloria en ausencia de sus propietarios, forzando una ventana trasera para luego acceder al interior de la casa a través de una puerta asegurada con pasadores. Una vez adentro, habrían sustraído una gran cantidad de objetos personales y del hogar.
Entre los elementos robados se detallan electrodomésticos como un microondas, una plancha, una pava eléctrica, una bomba de agua, un aire acondicionado y siete ventiladores. También se llevaron artículos del hogar como espejos, cuadros, lámparas, una bacha, una grifería, un disco de arado, además de ropa de cama, indumentaria, sombreros, un tender y gran cantidad de vajilla.
Ese mismo día, en horas de la madrugada, presuntamente cometieron otro robo en un sector distinto de la localidad. Esta vez, forzaron dos camiones estacionados en el barrio Centro, a los que les sustrajeron sus baterías, cables y terminales.
Debido a la modalidad de los delitos, la Fiscalía imputó a los cuatro sospechosos por robo doblemente agravado, considerando que los hechos se perpetraron mediante efracción y en poblado y en banda. Todos fueron señalados como coautores.
Como medida para garantizar el avance del proceso judicial sin interferencias, la auxiliar de fiscal solicitó prisión preventiva por 44 días para los cuatro implicados. Tras un cuarto intermedio, la jueza a cargo de la causa resolvió de forma parcial: ordenó el traslado al Servicio Penitenciario de la mujer y su pareja, ambos con domicilio en San Pedro de Colalao, mientras que los jóvenes de 19 y 20 años, con residencia en San Miguel de Tucumán, fueron beneficiados con libertad bajo estrictas condiciones. Se les impuso una caución económica de $2 millones a cada uno y reglas de conducta mientras dure el proceso.
El expediente judicial continúa en etapa de investigación, y no se descarta que la causa avance hacia una resolución alternativa, como podría ser un juicio abreviado, según anticipó la representante del MPF.
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