En un contexto cada vez más enrarecido y con crecientes sospechas sobre el escándalo relacionado con la criptomoneda $LIBRA, el presidente Javier Milei continúa evitando cualquier tipo de declaración pública o aclaración respecto a su participación en la promoción del activo digital. Esta criptomoneda, que colapsó abruptamente poco después de ser lanzada al mercado, provocó severas pérdidas a miles de inversores que confiaron en su respaldo. A pesar del silencio presidencial, las investigaciones judiciales y políticas avanzan, y el cerco sobre su entorno más cercano se estrecha con rapidez.
Simultáneamente, mientras La Libertad Avanza (LLA) y el PRO obstruyen el funcionamiento de la comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados, desde la oposición se ha logrado recolectar información valiosa que alimenta con fuerza la hipótesis de una maniobra fraudulenta de características típicas de una estafa piramidal con criptomonedas, en la que existirían conexiones directas con figuras del oficialismo.
Una de las revelaciones más resonantes fue difundida por el diario La Nación, que identificó una transferencia de 499 mil dólares realizada por una cuenta vinculada al empresario estadounidense Hayden Mark Davis —principal impulsor del proyecto $LIBRA— hacia la plataforma Kraken, un exchange especializado en la conversión de criptoactivos a dinero fiduciario. Lo llamativo es que esta operación se concretó el 30 de enero a las 14:00, exactamente cuando Davis ingresaba a la Casa Rosada para mantener una reunión con el propio Milei. Cabe destacar que dicha billetera digital no había registrado movimientos en los diez días previos.
Posteriormente, esa misma cuenta realizó nuevas transacciones, esta vez por más de 3,4 millones de dólares, que fueron derivados a otras billeteras, muchas de ellas asociadas a la firma Kelsier Ventures, controlada por la familia Davis. Parte de esos fondos terminó en la plataforma Bitget, y según el especialista Fernando Molina —quien ya brindó testimonio en dos ocasiones ante los legisladores que investigan el caso—, estas operaciones fueron efectuadas en una ventana de tiempo muy específica: una de las más importantes ocurrió apenas 22 minutos antes de que el presidente Milei publicara en la red social X una fotografía junto al empresario norteamericano.
En paralelo, la diputada Sabrina Selva, integrante de Unión por la Patria (UxP), confirmó que Binance —otro de los principales exchanges globales— remitió información relevante al fiscal federal Eduardo Taiano, relacionada con las billeteras electrónicas que formaron parte del pool de liquidez de $LIBRA en los momentos previos a su lanzamiento oficial.
El diputado cordobés Oscar Agost Carreño, perteneciente a Encuentro Federal, ha asumido un rol protagónico en la investigación. Viajó recientemente a Estados Unidos para interiorizarse sobre la causa judicial que se desarrolla allí. Según sus propias palabras, el objetivo del viaje fue reunir elementos que puedan ser de utilidad tanto para la Justicia argentina como para la estadounidense, sobre todo ante los constantes obstáculos que impone el oficialismo para acceder a información clave desde el Congreso. En declaraciones radiales, Agost Carreño remarcó que incluso fondos de inversión británicos se han sumado a las demandas contra Davis, exigiendo que Argentina salde con ellos deudas derivadas del escándalo. «Cada vez hay más actores internacionales exigiendo explicaciones que el presidente se niega a dar», afirmó.
El diputado también subrayó que la normativa vigente en Estados Unidos permite rastrear con precisión a las personas físicas o jurídicas que inyectaron capital en las billeteras iniciales del proyecto y que luego retiraron sus fondos el mismo día del colapso, el 14 de febrero. Además, explicó que el uso de sociedades anónimas integradas por múltiples personas no impide llegar a la identidad de quienes estarían detrás del manejo de esos activos, lo cual podría vincular directamente al entorno del mandatario argentino.
Desde el espacio radical Democracia para Siempre, liderado por Facundo Manes, también han reclamado la continuidad de la investigación, calificando el episodio como una «estafa financiera comprobada». En este sentido, se alinean con otros bloques opositores que exigen el pleno funcionamiento de la comisión especial conformada en abril, la cual permanece paralizada.
El legislador Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto para que se reactiven las tareas de dicha comisión y se destrabe el proceso de designación de autoridades, bloqueado por el oficialismo. En una misiva dirigida a Silvia Lospennato (PRO) y Nicolás Mayoraz (LLA), Ferraro enfatizó que la parálisis de este espacio de control legislativo atenta contra las facultades constitucionales del Congreso. La propuesta contempla que, ante un empate en la votación para elegir autoridades, se imponga el candidato respaldado por la mayoría de bancas, lo que en la práctica daría el control a la oposición, que actualmente suma 136 legisladores. «No podemos permitir que la Cámara se transforme en un refugio para el encubrimiento», alertó Ferraro, recordando que ya existen múltiples denuncias penales y que el país atraviesa un escándalo institucional de magnitud.
Desde el oficialismo, sin embargo, se plantean otras posturas. La diputada Silvana Giudici (PRO) propuso directamente disolver la comisión, argumentando que no se ha comprobado ningún delito y que su creación fue motivada por fines políticos. En su opinión, la investigación “fue mal planteada desde el inicio”. Además, comparó el caso con el narcotráfico relacionado con el fentanilo, señalando que “nadie dice nada” sobre ese tema.
Oscar Zago, presidente del MID y alineado con el Gobierno, también se refirió al estancamiento de la comisión. En una entrevista explicó que el empate técnico de 14 votos a 14 impide avanzar en cualquier dirección. Zago defendió la necesidad de una comisión bicameral para abordar el tema, aunque su propuesta no fue respaldada. A pesar de su aparente neutralidad, apoyó al libertario Gabriel Bornoroni como presidente del cuerpo, postura que también fue acompañada por el PRO y algunos sectores de la UCR.
Zago sostuvo que su intención es encontrar una solución intermedia que evite que la presidencia quede en manos de quienes votaron contra el Gobierno, pero tampoco en manos de quienes promovieron el juicio político. Sin embargo, la situación sigue sin resolverse.
Mientras tanto, la oposición ya prepara un informe propio con los datos recolectados hasta el momento, en caso de que la comisión continúe bloqueada. “El Gobierno busca el silencio, pero la verdad sigue emergiendo”, sentenció Agost Carreño.
Una reconstrucción minuciosa realizada por los legisladores opositores pone el foco en una secuencia temporal muy específica. El 30 de enero, Davis ingresó a la Casa Rosada acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. A las 17:51, Milei publicó una foto en redes sociales con el empresario. Menos de una hora después, Davis transfirió medio millón de dólares a otra cuenta. El 3 de febrero, movió otros casi dos millones, y el 13 de febrero transfirió 1,27 millones más.
En un movimiento que llama poderosamente la atención, el 4 de febrero Novelli acudió al Banco Galicia con su madre y su hermana para abrir cajas de seguridad, en las cuales depositaron dos mochilas que supuestamente contenían grandes sumas de efectivo. El 14 de febrero, la firma Kelsier Ventures formalizó el contrato del token y activó el pool de liquidez. Solo quienes conocían previamente el número del contrato podían acceder anticipadamente. A las 18:30, Milei hizo un nuevo posteo publicitando a $LIBRA como una herramienta para financiar PyMEs argentinas. A las 19:02, el activo alcanzó su pico de cotización, para luego desplomarse más del 99%.
Al día siguiente, el presidente eliminó el tuit y publicó uno nuevo en el que alegaba desconocer los detalles del proyecto. Pero el daño ya era irreversible. El 17 de febrero, Novelli vació las cajas de seguridad. En paralelo, Davis publicó un video jactándose de haber retirado 100 millones de dólares “de Argentina” y se presentó como “asesor presidencial”.
Según la información recolectada, el dinero fue redirigido a cuentas personales de Davis y billeteras multisig gestionadas por Kelsier Ventures en plataformas como Kraken y Bybit. La Justicia estadounidense ya congeló 57,5 millones de dólares, monto que también es reclamado por acreedores internacionales. Agost Carreño concluyó que aún es posible identificar con claridad quiénes participaron en las operaciones iniciales y si existió algún grado de involucramiento por parte del entorno de Javier Milei. “Si el Congreso no puede obtener las respuestas, será tarea de la Justicia, tanto en Argentina como en Estados Unidos, esclarecer los hechos”, afirmó con contundencia.