En los últimos días, se conocieron conversaciones internas entre empleados y responsables jerárquicos del laboratorio Ramallo, perteneciente a la empresa HLB Pharma. Estos intercambios de mensajes dejaron expuestas múltiples irregularidades en el proceso de producción, la ausencia de controles efectivos por parte de la Anmat y la falta de respuestas del propio gobierno de Javier Milei. Todo ello se desarrollaba en un marco de precariedad extrema dentro de la planta, donde se fabricaban medicamentos que terminaron provocando una tragedia sanitaria: 122 muertes vinculadas al consumo de fentanilo adulterado.
La periodista Vanesa Petrillo, en el programa De Una emitido por C5N, reveló que los chats se extendían desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025, y reflejaban las condiciones deplorables de trabajo en la planta: empleados obligados a realizar sus tareas sin guantes, con temperaturas sofocantes que los llevaban a “trabajar casi desnudos”, insumos vencidos que eran escondidos, además de reportes manipulados para sortear inspecciones oficiales.
Ya en mayo de 2024, Wilson Pons, jefe de control de calidad, advertía con crudeza: “La verdad es que es lamentable lo de producción. Hasta que no pase algo grave no van a escarmentar”.
C5N, con un drone, corroboró lo que se denunciaba en esas conversaciones. En las imágenes aéreas se observaron desechos farmacéuticos acumulados a cielo abierto, ampollas descartadas en el terreno y un nivel de higiene totalmente incompatible con los mínimos requisitos sanitarios. La Justicia, ante estas pruebas, dispuso el allanamiento del lugar, el cual había sido visitado en distintas ocasiones por la Anmat sin que se concretara nunca su clausura.
El fracaso se dio en todos los niveles: desde la producción hasta la distribución y el intento de recuperar las ampollas cuando surgieron las primeras señales de alarma. Nada funcionó, y finalmente la Justicia confirmó que el fentanilo contaminado empeoró los cuadros clínicos de numerosos pacientes, provocando el fallecimiento de 122 personas: 92 en Santa Fe, 24 en la provincia de Buenos Aires, 4 en Córdoba y 2 en la Ciudad de Buenos Aires.
Los chats también mostraron con claridad la cultura corporativa del laboratorio. El 27 de noviembre de 2024, Rocío Garay, jefa de ampollas, escribió preocupada: “Me enteré que va el Anmat. Si va por la dexametasona de ampollas plásticas que reemplazamos por las de vidrio estamos al horno porque creo que solo tenemos los enjuagues. Faltaría todo lo demás porque ni siquiera están hechos los batch”. En ese mismo mes, el empleado Diego Chavarri reconoció lo que todos sabían: “Todos sabíamos que esa producción se hizo en el aire con respecto a la documentación”.
Un mes más tarde, en diciembre de 2024, Garay llegó a consultar: “¿Qué hago? ¿Miento en los reportes?”, a lo que Pons respondió sin rodeos: “Me parece que no queda otra cosa que mentir”.
El 8 de marzo de 2025, la empleada Julieta Díaz alertó sobre otra situación riesgosa: “Escondieron todos los reactivos vencidos así que no tengo para preparar la fase móvil. ¿Usted sabía que dejaron todos los reactivos afuera debajo de la lluvia y el sol que estuvo haciendo? Pudo haber explotado tranquilamente”.
Ya en mayo de 2025, Celi Rodríguez informó un hecho clave: “El fentanilo dio mal. Hay que repetirlo mañana. Quedan dos ampollas en la heladera envueltas en aluminio”. Solo días después, el propio Pons lanzó un mensaje casi premonitorio: “Estamos ante una situación terminal con esta gente a la cabeza de la empresa y con la política de trabajo que tenían. Era evidente que tarde o temprano esto iba a pasar”.
Estas filtraciones complican seriamente la posición del dueño de HLB Pharma, Ariel García Furfaro, quien en su declaración judicial trató de desligarse de toda responsabilidad apuntando a un tercero: “Yo no fui, yo no hice nada. Si el fentanilo está contaminado con bacterias, los bichos los puso otra persona. Esa persona es Andrés Quinteros, un ex concejal del peronismo bonaerense”, afirmó.
Mientras tanto, la Justicia avanza con las citaciones indagatorias. En los próximos días deberán presentarse cinco responsables jerárquicos del laboratorio: Dayana Astudillo (garantía de calidad), Edgardo Sclafani (gerente de producción), Rocío Garay (jefa de ampollas), Adriana Iúdica (jefa de microbiología) y Eduardo Darchuk (jefe de producción de SPPV). Todos ellos deberán rendir cuentas sobre el funcionamiento de una planta que, sin controles reales y con complicidades a distintos niveles, se transformó en el epicentro de la peor tragedia sanitaria de las últimas décadas en el país.