Roque “Chipi” Giménez, el joven empresario señalado como pieza clave en el escándalo que derivó en la intervención del municipio de Alberdi, fue capturado por la Policía durante la noche del jueves en una zona céntrica del Barrio Norte. Su situación judicial comenzará a definirse este sábado en el Centro Judicial de Concepción, donde comparecerá formalmente ante la Justicia. El Ministerio Público lo acusa de haber cometido el delito de coacción agravada, una figura penal que podría complicar su futuro procesal.
La responsable de la investigación, la fiscal Mónica García de Targa, tomó la decisión de ordenar su detención luego de que surgieran nuevos audios que, según fuentes del caso, ampliarían el panorama de la causa original. En paralelo, se realizaron allanamientos en distintas propiedades, entre ellas dos domicilios particulares y un depósito, con el objetivo de reunir elementos que fortalezcan la acusación contra el empresario.
La hipótesis que manejan los investigadores indica que Giménez habría intentado ejercer presiones indebidas sobre el ex intendente Luis “Pato” Campos y sobre José Roldán, ex secretario de Hacienda del municipio, a fin de obtener contratos de obra pública. Esta maniobra se vincula con la fundación de Giménez Consulting Group, una constructora creada por el acusado en 2022. La empresa recibió varios contratos durante la gestión de Sandra Figueroa, quien entonces estaba al frente del ejecutivo municipal y actualmente ocupa una banca como legisladora, aunque se encuentra con licencia.
Distintas irregularidades rodean a dicha firma: por ejemplo, el domicilio legal declarado no se condice con ninguna actividad comercial, y vecinos del lugar niegan haber visto movimientos típicos de una empresa constructora. Además, uno de los datos que generó mayor sorpresa es que la madre de Giménez, Susana del Valle Argañaraz, figura como socia en la compañía, pese a que anteriormente se dedicaba a actividades informales como el transporte de pasajeros y la venta ambulante de verduras.
La detención se logró gracias a la colaboración ciudadana: vecinos que habían visto su imagen en los medios realizaron llamadas al 911 tras reconocerlo en la vía pública. Una de ellas, Aída Lucero, una jubilada del barrio, comentó que lo identificó por una fotografía en la que se lo veía portando un reloj de alto valor. “Nos preocupaba que alguien así estuviera viviendo en la zona”, dijo.
El operativo fue ejecutado por agentes de la ex Brigada de Investigaciones, quienes lo interceptaron al salir de su edificio en la calle Balcarce al 400. Una vez arrestado, fue trasladado bajo estricta vigilancia a bordo de un móvil oficial. Todavía no se ha confirmado si Giménez comparecerá de manera presencial o remota en la audiencia programada.
En tanto, su abogado defensor, Juan Ángel Marzoratti, prefirió no adelantar detalles sobre la estrategia judicial, pero sí aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar y brindar información valiosa relacionada con los hechos que se investigan.
Lo que comenzó como una causa provincial podría escalar a un nivel mucho más alto. El mismo expediente que tramita en la fiscalía de García de Targa podría derivar en una investigación en la Justicia Federal, donde tanto Giménez como Campos, Roldán y Figueroa también están bajo la lupa. En esa jurisdicción, las acusaciones son considerablemente más graves: se los investiga por presuntos vínculos con el narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos.
En este marco, trascendió que el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz había solicitado la detención de Giménez, pero el juez federal José Manuel Díaz Vélez denegó el pedido debido a un problema de forma en el proceso. No obstante, el magistrado autorizó diversos allanamientos que fueron realizados por Gendarmería, quienes incautaron computadoras, celulares y otros documentos relevantes, los cuales se encuentran bajo análisis de expertos forenses.
En un giro inesperado, se supo que Giménez también habría denunciado por su cuenta a Campos y Roldán en los últimos meses. Las denuncias, que apuntan a malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, abren una nueva línea de investigación y siembran dudas sobre la verdadera posición del empresario dentro de esta compleja red. No está claro aún si es un engranaje clave en el entramado delictivo o si, por el contrario, busca posicionarse como un delator en busca de beneficios judiciales.
La trama, que combina corrupción municipal, negocios turbios y presuntos vínculos con el narcotráfico, ha generado una profunda conmoción en la ciudad de Alberdi y mantiene en vilo a toda la provincia. La evolución del caso en los próximos días será decisiva para conocer el grado de implicancia de cada uno de los involucrado