Javier “Chuky” Casanova, un hombre conocido en el ambiente delictivo tucumano y señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que se descubriera que había abandonado, por error, el penal de Benjamín Paz, donde debía permanecer detenido. Su repentina “ausencia” durante varias horas encendió las alarmas en las autoridades judiciales y del Servicio Penitenciario, que ahora enfrentan una investigación interna para determinar cómo se produjo semejante irregularidad.
El episodio involucra a un detenido que no solo está procesado por narcotráfico, sino también por haber participado en un violento tiroteo ocurrido el pasado 21 de septiembre en una fiesta electrónica en Tafí Viejo. Aquella noche, según la investigación del fiscal Miguel Fernández, se enfrentaron dos bandas: una liderada por el propio “Chuky” Casanova y otra encabezada por Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale, un nombre históricamente vinculado al crimen organizado en Tucumán.
En un primer momento se creyó que la disputa podía tener origen en una interna relacionada con el control de la barra brava de San Martín de Tucumán. No obstante, con el paso de los días, las pruebas y testimonios fueron orientando la pesquisa hacia una posible pelea territorial por el dominio del negocio del narcotráfico.
Durante los allanamientos posteriores, las fuerzas policiales hallaron en uno de los domicilios de Casanova cerca de 100 dosis de droga y un arma de fuego que podría haber sido utilizada en la balacera. A raíz de ello, el acusado comenzó a enfrentar dos causas judiciales paralelas: una por el tiroteo —en la que se le dictó prisión preventiva por tres meses— y otra por tenencia simple de estupefacientes, en la que también se le aplicó una medida cautelar.
Con el paso del tiempo y tras el vencimiento de la prisión preventiva vinculada al caso de drogas, el fiscal José Sanjuán pidió extender la medida. Sin embargo, la defensa de Casanova, a cargo del abogado Facundo Herrera, presentó nuevos elementos que, según argumentó, demostraban irregularidades en el procedimiento inicial. El juez Guillermo Taylor, luego de analizar los planteos, resolvió flexibilizar las condiciones de detención y permitir que el acusado continuara cumpliendo la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario, aunque aclaró expresamente que esta decisión solo se aplicaría si no existía otra causa judicial que le impidiera salir del penal.
Pese a esa advertencia, se produjeron varios errores que desencadenaron el escándalo. A la 1 de la madrugada, personal del Servicio Penitenciario trasladó a Casanova a su domicilio, ubicado en el barrio Oeste II, aun cuando seguía vigente la prisión preventiva dictada en el marco del expediente por el tiroteo. En cumplimiento de la resolución judicial, le colocaron una pulsera electrónica para monitorear sus movimientos. Sin embargo, el fiscal Fernández descubrió más tarde que horas antes se había emitido un informe oficial donde se indicaba que no había disponibilidad de ese dispositivo. Aun así, seis horas después, el imputado ya tenía uno colocado, a pesar de que existen detenidos que suelen esperar semanas para recibir ese tipo de equipamiento.
La situación se volvió aún más confusa cuando, cerca de las seis de la mañana, el sistema de monitoreo detectó que Casanova había abandonado el domicilio donde debía cumplir el arresto. El personal encargado del seguimiento notificó recién a las 7:30 de la mañana, una hora y media más tarde. Justo cuando se organizaba un operativo para capturarlo, el propio “Chuky” se presentó ante las autoridades y afirmó que en ningún momento había salido de su casa, sugiriendo que podría haber existido un fallo técnico en el dispositivo.
Frente a este cúmulo de inconsistencias, el fiscal Miguel Fernández resolvió abrir una investigación formal para determinar las responsabilidades del personal penitenciario que intervino en el traslado y supervisión de Casanova. Desde el área de Seguridad provincial confirmaron que también se inició un sumario administrativo interno para esclarecer las circunstancias que rodearon la liberación accidental.
Por su parte, el abogado defensor del acusado intentó bajar el tono de la polémica. “Estos son errores que pueden ocurrir cuando una persona enfrenta dos prisiones preventivas al mismo tiempo”, señaló Herrera. “Cuando nuestro defendido nos comunicó lo sucedido, le explicamos que se trataba de una confusión y que debía presentarse voluntariamente ante el fiscal. No hay que buscar culpables donde solo hubo un malentendido”, concluyó.
El caso dejó al descubierto graves fallas en los mecanismos de control carcelario y reabrió el debate sobre la coordinación entre el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario. Mientras tanto, “Chuky” Casanova volvió a ocupar su lugar en el penal de Benjamín Paz, aunque ahora no solo deberá responder por los delitos que se le imputan, sino también por las circunstancias irregulares que rodearon su inesperada “salida” del establecimiento.