Comenzaron los desalojos en El Mollar: la fiscal de Estado explicó el proceso judicial

Luego de la apertura del año judicial en Tucumán, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, ofreció declaraciones al diario La Gaceta acerca del procedimiento que derivó en el desalojo del loteo conocido como «Gaucho Castro» en El Mollar. Este operativo permitió que las tierras fueran reintegradas al dominio público, marcando un hito en la recuperación de terrenos fiscales.

«Se llevó a cabo la restitución y el desalojo del predio conocido como Gaucho Castro. La resolución judicial que ordenó el desalojo alcanzó firmeza, y el doctor Varela, fiscal interviniente en la causa, se encuentra a cargo del proceso. La medida ha contado con el respaldo del Poder Ejecutivo, que dispuso la presencia de personal de Flora y Fauna, Vialidad, la Policía Provincial, Desarrollo Social y otros organismos que colaboraron en la ejecución del procedimiento», detalló Pedicone.

La fiscal de Estado subrayó la relevancia de este fallo judicial, destacándolo como un precedente clave en la recuperación de tierras de propiedad estatal. «Este loteo reviste una gran importancia porque no solo se detectó la ocupación ilegal, sino que también se evidenció un avance significativo en la construcción de edificaciones. Gracias a la medida cautelar, se logró frenar esta situación y resguardar la zona. Asimismo, se verificó que las adquisiciones de estos terrenos se realizaron de manera completamente irregular. Ninguna de las documentaciones presentadas pudo demostrar una compra legítima», afirmó.

Reacciones ante la medida judicial

El desalojo en El Mollar no estuvo exento de controversias. Algunos de los ocupantes expresaron su descontento, argumentando que habían adquirido los terrenos con la convicción de que las transacciones eran legales. Pedicone explicó que «estas personas fueron debidamente citadas al proceso judicial, tuvieron la oportunidad de hacer valer sus derechos y presentar sus argumentos. Sin embargo, sus reclamos fueron desestimados, ya que la decisión judicial favoreció a la Provincia».

Por otro lado, la fiscal se refirió a la postura de las comunidades originarias, que sostienen que estas tierras les pertenecen ancestralmente. En relación con esta cuestión, aclaró: «Se trata de un debate de larga data que hasta el momento no ha sido avalado por la Justicia. Ninguno de los derechos invocados por estos grupos ha sido reconocido como suficiente para legitimar la propiedad ni la comercialización de los lotes».

Posibles desalojos en la capital tucumana

Durante la misma entrevista, el secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán, Luis Lobo Chaklián, instó al Gobierno provincial a avanzar con desalojos en la capital. Consultada sobre esta posibilidad, Pedicone indicó que «se está evaluando el estado de diversas áreas del territorio provincial con el objetivo de recuperar inmuebles fiscales». En este sentido, precisó que la Fiscalía de Estado ya ha comenzado a recibir denuncias y a analizar los posibles cursos de acción.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento no se ha identificado en San Miguel de Tucumán una situación de la magnitud del caso de El Mollar. «La Municipalidad tiene la facultad de notificarnos sobre casos de usurpación dentro de su jurisdicción. Nosotros evaluaremos cada situación de manera particular, como lo hacemos con cualquier otra comuna o municipio», puntualizó.

Destino de las tierras recuperadas

Respecto al futuro de los terrenos desalojados, Pedicone informó que serán preservados y protegidos por Flora y Fauna, con el apoyo de la Policía Provincial y la Policía Montada. «Es probable que la Provincia, en conjunto con la Dirección y el Ente de Turismo, elabore un plan que combine la conservación ambiental con el desarrollo turístico de la zona, asegurando tanto su resguardo como su aprovechamiento en beneficio de la comunidad y de los visitantes», concluyó la fiscal de Estado.

Foto: Osvaldo Ripoll