Condenada por homicidio solicitó prisión domiciliaria por su hijo y fue enfrentada por la madre de la víctima

En un caso judicial cargado de tensiones emocionales y controversia, la Justicia de Tucumán decidió este lunes mantener en prisión a Jimena Fernández, una joven de 26 años sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Ramiro Ledesma, ocurrido en marzo de 2021. La resolución, adoptada por la jueza Laura Julieta Casas, negó la solicitud de arresto domiciliario que la defensa de Fernández había presentado, invocando razones humanitarias vinculadas al bienestar de su hijo de cinco meses, quien reside con ella en el penal.

Durante la audiencia, que estuvo marcada por la intensidad de los testimonios, se confrontaron los argumentos de ambas familias: por un lado, la madre de Fernández expresó su preocupación por las condiciones en las que el niño vive dentro del penal, y por otro, Verónica Almirón, madre de la víctima, clamó justicia y rechazó cualquier beneficio para la condenada, remarcando el sufrimiento causado por la pérdida de su hijo.

El caso tomó notoriedad pública cuando, durante el proceso judicial que llevó a su condena por homicidio en complicidad con Miguel “Miguelón” Fernández y Alexis “El Sucio” Iñigo, Jimena Fernández reveló que estaba embarazada. Aunque aún no pesaba una sentencia firme en ese momento, fue trasladada a la cárcel de mujeres. En diciembre de 2023, obtuvo un arresto domiciliario debido a complicaciones relacionadas con el embarazo, pero esa medida fue revocada apenas cinco días después. Desde entonces, permanece alojada en la alcaldía de Delfín Gallo.

El abogado de la acusada, Aníbal Paz, insistió en que el entorno penitenciario representa un grave riesgo para el desarrollo y la salud del bebé. En la audiencia, describió la celda que comparten madre e hijo como inadecuada: sin ventilación, con un piso de cemento y sin refrigeración para conservar la leche del menor, quien comparte un baño con otras dos internas y no tiene espacio para gatear ni jugar. A su entender, estas condiciones vulneran derechos básicos del niño, por lo que solicitó la posibilidad de que Fernández cumpla su condena en su domicilio, al menos mientras su hijo dependa exclusivamente de ella.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal, el auxiliar Lucas Maggio, actuando bajo las directrices del fiscal Pedro Gallo, se opuso firmemente al pedido. Alegaron que la condenada ya había incumplido una medida similar anteriormente y recordaron que permaneció prófuga por más de un año y medio luego del crimen. Asimismo, remarcaron que Fernández cuenta con atención médica, una cuna, productos de higiene y alimentación adecuada para su hijo dentro del penal.

La querellante, Josefina Talamazzi, también refutó los argumentos de la defensa, subrayando que el hecho de ser madre no exime del cumplimiento de una pena por un delito tan grave como el asesinato. “No está siendo castigada por su maternidad, sino por haber participado en un homicidio”, sentenció.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue la intervención de Verónica Almirón, madre del joven asesinado, quien expresó su profundo dolor y su desacuerdo con cualquier beneficio para Fernández. “Ella sostiene a su hijo en brazos, mientras yo solo tengo recuerdos de Ramiro”, manifestó entre lágrimas, agregando que la acusada debió haber considerado las consecuencias de sus actos antes de quedar embarazada en pleno proceso judicial.

A su turno, la propia Jimena Fernández rompió en llanto al defender su posición. Relató el sufrimiento de su hijo en el contexto penitenciario, y aseguró que lleva meses enfermo, con problemas para dormir debido al ambiente hostil, ruidos constantes y la falta de espacio adecuado. Además, se declaró víctima de violencia por parte de su pareja, “Miguelón”, y negó haber tenido participación activa en el crimen por el cual fue condenada.

Pese a los argumentos presentados por la defensa, la jueza Casas ratificó la decisión de rechazar el beneficio del arresto domiciliario. No obstante, en su fallo, ordenó una serie de acciones tendientes a garantizar la protección del menor: la intervención periódica de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, el traslado de internas conflictivas que alteren el descanso del niño y un monitoreo específico de su estado de salud, alimentación y seguridad.

El fallo reavivó el debate sobre la situación de las madres encarceladas y el modo en que el sistema penal debería abordar los derechos de la infancia sin debilitar el cumplimiento de la ley. Mientras la defensa de Fernández anticipa que insistirá por vías judiciales superiores, la familia de la víctima insiste en que el castigo debe sostenerse como forma de evitar la impunidad y honrar la memoria de Ramiro Ledesma.