Cuatro ex miembros de la Policía de Tucumán fueron sentenciados a 11 años de prisión tras ser encontrados culpables de haber participado activamente en un secuestro extorsivo ocurrido en febrero de 2022. La víctima, identificada con las iniciales P.N., permaneció privada de su libertad durante más de cinco horas. Según se determinó en el juicio, el hecho concluyó únicamente luego de que los captores recibieran una suma de $200.000 y un vehículo como rescate.
Los condenados en esta causa son Ricardo Julio Rodríguez, quien se desempeñaba como cabo; Martín Darío Romano; José Antonio Gallo, ex sargento ayudante; y Eduardo Germán Agüero, ex agente de la fuerza. Todos ellos fueron considerados coautores responsables de un delito grave: secuestro extorsivo consumado, agravado por la intervención de tres o más personas. A ello se sumaron otros cargos, como el robo calificado por el uso de armas de fuego, perpetrado en despoblado y en banda, lo que elevó la gravedad de los hechos juzgados.
El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por los magistrados Carina Farias, Cristina Giordano y Abelardo Basbus. Además de las penas privativas de libertad, los jueces establecieron la inhabilitación absoluta para los condenados, lo que les impedirá ejercer cargos públicos por el mismo plazo que la pena de prisión.
En el mismo juicio fue absuelto un quinto implicado, José Benito Villa, debido a que las pruebas en su contra no fueron concluyentes, otorgándosele el beneficio de la duda. En tanto, un sexto sospechoso continúa evadiendo a la Justicia. Si bien ya fue identificado, permanece prófugo.
La investigación y posterior proceso judicial se apoyaron fundamentalmente en el testimonio del propio damnificado, quien aportó detalles cruciales sobre el accionar del grupo acusado. Durante su declaración en el juicio oral, la víctima relató con precisión cómo fue privado de su libertad por efectivos policiales en funciones al momento de los hechos, lo que resultó clave para esclarecer lo sucedido y establecer la responsabilidad penal de los ahora condenados.