Este viernes 14 de marzo, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad 1, a cargo de María del Carmen Reuter, llevó a cabo una audiencia en la que se presentó un convenio de juicio abreviado alcanzado con María Antonella Orellana (22) y Vanessa Gutiérrez Jorge (35), quienes fueron acusadas de cometer una serie de estafas en comercios de indumentaria femenina. Ambas imputadas, junto a sus defensas técnicas, reconocieron su responsabilidad en los hechos, mientras que las víctimas manifestaron su conformidad con el acuerdo.
Según la investigación, entre el 19 de julio y el 17 de octubre de 2024, Orellana y Gutiérrez Jorge llevaron a cabo ocho hechos delictivos en seis locales comerciales del centro de la ciudad capital, dos de los cuales fueron victimizados en dos ocasiones. La auxiliar de fiscal María Paula Bellomio, quien expuso los términos del acuerdo, explicó que las acusadas simulaban ser clientas y engañaban a empleados y dueños de los comercios al pagar sus compras con transferencias bancarias falsas, mostrando comprobantes adulterados.
Bellomio destacó que las imputadas actuaban de manera coordinada y premeditada, utilizando dispositivos móviles y aplicaciones para falsificar los comprobantes de transferencia. Además, en varios de los hechos, aprovecharon la presencia de una bebé para generar distracción y apuro, facilitando su huida. «Una de ellas simulaba realizar la transferencia, mientras la otra empujaba el coche de la bebé, diciendo que lloraba, lo que distraía y generaba tensión en las empleadas, permitiéndoles irse rápidamente del lugar», detalló la representante del Ministerio Público Fiscal.
Entre las pruebas presentadas, se incluyeron imágenes de las cámaras de seguridad de los comercios afectados, las cuales captaron claramente el modus operandi de las acusadas. Estas grabaciones fueron fundamentales para respaldar la acusación y demostrar la participación de Orellana y Gutiérrez Jorge en los delitos.
En cuanto a las consecuencias legales, las partes acordaron una pena de dos años de prisión de ejecución condicional para ambas imputadas, junto con el cumplimiento de reglas de conducta específicas. Además, las acusadas se comprometieron a reparar económicamente a las víctimas con un total de $4.000.000 ($2 millones cada una), monto que será distribuido según el perjuicio sufrido por cada comercio afectado.
La jueza interviniente declaró admisible el acuerdo de juicio abreviado y lo aceptó en su totalidad. Dado que las partes renunciaron a interponer recursos de apelación, la sentencia quedó firme, cerrando así el caso. Este acuerdo no solo permitió una resolución rápida del proceso judicial, sino que también garantizó una reparación económica para las víctimas, quienes habían sufrido pérdidas significativas debido a las estafas cometidas por Orellana y Gutiérrez Jorge.