Antes de ingresar a una sala del juzgado federal, Próspero Marcelo Sosa parecía tener claro su destino. “Vamos adentro que ahora me van a condenar”, comentó, anticipándose al desenlace del proceso judicial. Sosa, responsable de la construcción del barrio privado Las Pirámides, ubicado en el kilómetro 28 de la Ruta 338, dentro del parque Sierra de San Javier, fue condenado a un año de prisión condicional y a pagar una multa de 30 millones de pesos, además de las costas del juicio. Esto, tras ser hallado culpable del delito de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Aunque insiste en que las tierras le pertenecen, el terreno es considerado propiedad de la UNT, que lo había destinado como parte de una reserva ambiental.
El predio en disputa había sido cedido originalmente a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por la Nación para construir la Ciudad Universitaria, un proyecto que quedó inconcluso en 1951. En la década de 1970, la UNT declaró 14.130 hectáreas en San Javier como parque y reserva ambiental. En ese terreno vivía la familia de Sosa, lo que generó un conflicto legal que se remonta a 1998, cuando la UNT presentó una querella por usurpación. Aunque este caso prescribió en 2008 por falta de seguimiento, Sosa aprovechó la situación para comenzar la construcción del barrio. En 2018, la UNT presentó una nueva querella por daño ambiental y reivindicación del terreno. La justicia ordenó entonces detener las construcciones, evitar la tala y no abrir nuevos caminos. Sin embargo, al comprobarse que Sosa no acató estas medidas, se inició el juicio por desobediencia que culminó con la reciente condena.
Durante el juicio, Sosa defendió su postura de manera enérgica. “Todo ese terreno, las 14.000 hectáreas son mías, y van a ser mías diga quien diga lo contrario. Voy a denunciar a todos. A los jueces, a la Corte, al gobernador y hasta al Papa, que también tiene responsabilidad en todo esto”, afirmó. Según explicó, a lo largo de los 30 años que lleva este conflicto, trabajó con 57 abogados defensores sin encontrar una representación adecuada. “Todos querían plata. Viajé hasta Tierra del Fuego buscando alguien que me represente. No lo encontré”, comentó.
Sosa sostuvo que su familia lleva más de un siglo viviendo en esas tierras y que el sobreseimiento en la querella por usurpación equivale a un título de propiedad. Asimismo, negó la validez de la escritura presentada por la UNT.
Durante los alegatos, el fiscal Agustín Chit consideró probada la desobediencia judicial e instó a imponer una pena de un año de prisión, una multa de 100 millones de pesos y la demolición de las construcciones realizadas. También pidió que se inhibieran los bienes de Sosa y que se restableciera la situación del predio al estado previo al inicio de las construcciones en diciembre de 2008. Por su parte, el querellante de la UNT, Máximo Castro, solicitó la pena máxima, el decomiso de bienes y la instalación de un puesto de Gendarmería en el lugar.
En contraste, el abogado defensor de Sosa, Roberto Díaz Taddei, argumentó que no se había configurado el delito de desobediencia, ya que no se demostró que Sosa fuera responsable directo de las construcciones, desmontes o apertura de caminos, y que no se había interrogado a los vecinos al respecto. Por ello, pidió el sobreseimiento de su cliente.
El juez subrogante Sebastián Diego Argibay dictó un fallo intermedio: condenó a Sosa a un año de prisión en suspenso y fijó la multa en 30 millones de pesos, pero rechazó el pedido de demoler las construcciones o retrotraer el estado del terreno. Argibay explicó que, aunque se probó la desobediencia judicial, la demolición no fue debatida ni se consideraron a los terceros que podrían verse afectados. “Cualquier acción para retrotraer el inmueble debe tratarse en otra vía judicial, garantizando el acceso a la justicia y el debido proceso para los terceros involucrados”, precisó.
El juez también destacó que, tras ser notificado de la medida de no innovar, Sosa incrementó las construcciones en un 50% en tres años. Además, señaló que el propio Sosa admitió realizar actos de disposición del predio, incluyendo loteos y ventas a terceros.
Al finalizar la audiencia, Sosa se mantuvo desafiante: “Aquí va a haber heridos. No en el marco físico, no es que voy a salir a lastimar a alguien, sino en el marco del derecho. Esto no va a quedar así. Yo voy a seguir peleando hasta el último día”. Según la UNT, en el barrio Las Pirámides existen actualmente 70 construcciones que albergan a 56 familias.