El Poder Judicial de Tucumán dictó este jueves una sentencia que marca un antes y un después en una causa que mantuvo en vilo a la sociedad durante casi una década. Franco Trapani fue condenado a diez años de prisión y Álvaro Rodríguez a ocho años, tras ser hallados responsables del delito de abuso sexual agravado, según la investigación iniciada a raíz de la denuncia presentada por Carolina Monteros. El fallo, emitido luego de un extenso y complejo proceso judicial que comenzó en 2016, pone punto final a una larga búsqueda de justicia por parte de la víctima y su entorno.
De acuerdo con la reconstrucción que realizaron los jueces y fiscales del caso, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de julio de 2016, cuando Monteros, entonces de 19 años, regresaba de una fiesta en la localidad de Tafí Viejo. En ese contexto, fue interceptada y forzada a trasladarse hasta una vivienda particular, donde ambos acusados abusaron sexualmente de ella. La causa, que desde el inicio estuvo cargada de una fuerte presión social y mediática, avanzó con lentitud debido a numerosos recursos y dilaciones presentados por las defensas, lo que generó un proceso de casi nueve años hasta llegar al juicio oral, iniciado recién el 1 de octubre de 2025.
La víctima, que hoy tiene 28 años, expresó públicamente su alivio y fortaleza tras conocerse el veredicto. “Me siento de pie después de tantos años de lucha”, manifestó Monteros, aludiendo al extenso recorrido judicial que enfrentó y al desgaste emocional sufrido durante ese tiempo. Su testimonio se convirtió en símbolo de resistencia frente a las demoras y obstáculos que suelen afectar a las causas por violencia sexual en el país.
Uno de los condenados, Franco Trapani, no es una figura ajena al ámbito público: ocupa un cargo directivo en FGF Trapani S.A., una de las compañías citrícolas más importantes de Tucumán. Su posición dentro del sector empresarial y su presunta cercanía con espacios de poder económico y político fueron temas recurrentes durante todo el proceso, al ser señalados por la querella como factores que habrían influido en la lentitud de la investigación y en la protección institucional que habrían intentado recibir los acusados.
Finalmente, con la lectura del fallo, el tribunal dispuso el inicio del cumplimiento efectivo de las penas, aunque aclaró que todavía existen instancias judiciales abiertas. Las defensas de Trapani y Rodríguez podrán presentar apelaciones o recursos de casación ante tribunales superiores, lo que podría extender nuevamente el recorrido judicial. Sin embargo, para Monteros y su entorno, la sentencia representa una victoria simbólica y moral, al confirmar que, después de casi nueve años de espera, la Justicia finalmente reconoció la verdad de su denuncia.