Un reciente fallo judicial determinó una nueva condena contra Juan Francisco “Pirulo” Fernández, un hombre de 37 años que ya purga una pena de prisión perpetua en la provincia de Santiago del Estero por un homicidio. En esta ocasión, la Justicia de Tucumán lo sentenció a seis años adicionales de prisión efectiva tras comprobarse su participación en múltiples delitos de extorsión, amenazas coactivas y robos agravados, todos cometidos desde su lugar de detención en la cárcel de Villa Urquiza.
La condena se formalizó el jueves pasado luego de una audiencia en la que intervino la Unidad Especializada en Robos y Hurtos con asiento en Concepción, bajo la dirección del fiscal Héctor Fabián Assad. Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal presentó un acuerdo de juicio abreviado que había sido previamente firmado por las partes involucradas. Este acuerdo permitió a la Justicia dictar una sentencia sin necesidad de desarrollar un juicio extenso.
De acuerdo con la investigación realizada, entre septiembre de 2020 y enero de 2022, Fernández operó desde prisión liderando una red delictiva que tenía como blanco a un productor agropecuario de La Madrid. A través de reiteradas llamadas telefónicas y mensajes con contenido amenazante, logró intimidar a la víctima para que entregara una significativa cantidad de bienes. Las extorsiones incluyeron dinero en efectivo, vehículos y una considerable cantidad de animales pertenecientes al productor, todo ello bajo coerción y bajo la constante amenaza de represalias.
Para acreditar los hechos, la causa contó con el trabajo técnico del Departamento de Informática Forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), cuyos informes confirmaron la existencia y trazabilidad de las comunicaciones delictivas. La organización criminal liderada por Fernández también se valía de otros integrantes que, actuando como ejecutores en el exterior, acudían directamente a la propiedad del productor para asegurarse de que las exigencias fueran cumplidas. Esto sumaba un componente presencial a las amenazas virtuales, reforzando la presión sobre la víctima.
Cabe destacar que en el marco de esta misma causa ya había sido sentenciada otra de las piezas clave de esta estructura delictiva: Silvia Soraire, de 56 años, quien recibió una pena idéntica de seis años de prisión. Soraire fue identificada como una de las principales colaboradoras de Fernández en la implementación de estas maniobras ilícitas.
El caso vuelve a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario respecto al control de los internos y la utilización de medios de comunicación para la comisión de delitos desde el encierro. Las autoridades judiciales remarcaron la gravedad de que una persona condenada y en custodia pueda continuar actuando como jefe de una red criminal, perjudicando a personas en libertad mediante intimidaciones y violencia psicológica. Las investigaciones aún continúan para esclarecer por completo el entramado y posible participación de otros cómplices.