Conflicto por lotes en El Mollar: el Gobierno acusa usurpación, los ocupantes afirman haber comprado

La disputa por los terrenos situados en El Mollar, en las inmediaciones del Dique La Angostura, se encuentra en un punto de creciente tensión. En este contexto, se observa un marcado enfrentamiento entre los residentes afectados y el Gobierno de Tucumán, quienes exponen versiones completamente opuestas respecto al loteo conocido como “Gaucho Castro”.

Desde finales de octubre, las autoridades provinciales intensificaron las inspecciones en los alrededores del dique, argumentando que en esas tierras fiscales se habían realizado construcciones de manera irregular. Según informaron los funcionarios, varios inmuebles y terrenos se establecieron sin contar con los permisos correspondientes, lo que motivó la aplicación de una medida judicial precautoria que prohíbe cualquier modificación o ampliación en la zona.

Entre los vecinos implicados se encuentra María Argañaraz, quien defiende la legitimidad de su adquisición. “Esto ha sido un atropello por parte del Gobierno. Yo compré mi lote de buena fe, resido aquí todo el año, trabajo y mi hija menor también vive conmigo”, declaró al diario La Gaceta. Además, presentó una serie de documentos que, según ella, respaldan la legalidad de la compra.

La documentación aportada por Argañaraz incluye boletos de compraventa debidamente homologados, certificaciones notariales y planos que llevan el sello oficial de la provincia. Además, aseguró que su lote, identificado como el número 24, está registrado en el catastro provincial y cuenta con los permisos necesarios para servicios esenciales como la electricidad.

“Cumplimos con todas las exigencias. Todo está certificado por una escribana y registrado en la comuna. No entiendo cómo ahora nos acusan de usurpación cuando fueron las mismas autoridades quienes validaron nuestros trámites”, afirmó Argañaraz con indignación.

Por su parte, el Gobierno sostiene con firmeza que esas tierras son de dominio fiscal y, por lo tanto, no pueden ser comercializadas legalmente. Además, denunciaron que, a pesar de la medida judicial que prohibía nuevas edificaciones, algunas construcciones continuaron desarrollándose. En consecuencia, uno de los vecinos que desobedeció dicha orden fue arrestado y actualmente se encuentra en prisión preventiva, lo que ha incrementado la preocupación y la tensión en la comunidad.

Los residentes afectados también han expresado su malestar por lo que consideran una estigmatización injusta. “Nos tratan de usurpadores sin investigar adecuadamente. Mi hija ha sufrido mucho, en la escuela la señalan como si fuéramos delincuentes”, comentó Argañaraz, visiblemente conmovida por la situación.

La comunidad, compuesta por unas 20 familias, insiste en que las presuntas irregularidades no son atribuibles a ellos, sino a quienes les vendieron los lotes. Según Argañaraz, el delegado comunal de la zona había validado la documentación en reuniones anteriores.

Ante este panorama, los propietarios exigen una pronta resolución judicial y un canal de diálogo abierto con las autoridades. “Queremos que se investigue a fondo y que se aclare este malentendido. Si hubo errores, no fueron de nuestra parte; nosotros pagamos todo en tiempo y forma”, manifestaron los vecinos.

Mientras tanto, la situación permanece estancada. Las autoridades continúan realizando controles estrictos en la zona y han colocado carteles que advierten que se trata de un área protegida, sujeta a la medida de “no innovar”.

Foto: La Gaceta