Durante las últimas horas, la Justicia de Tucumán decidió mantener tras las rejas a los tres efectivos policiales acusados de protagonizar uno de los episodios de corrupción más graves vinculados a las fuerzas de seguridad provinciales. Se trata de una investigación que reveló que varios condenados por delitos sexuales habrían sido sacados de su lugar de detención y llevados hasta una propiedad ubicada en El Cadillal para realizar tareas de albañilería. Esa vivienda estaba siendo construida para el ex jefe de la Unidad Regional Norte, Alfredo Beltrán, en un predio que luego se comprobó que no era privado, sino que pertenece al Estado provincial.
A pesar de que sus defensores solicitaron alternativas más leves, como la excarcelación o el arresto domiciliario, los imputados continuarán privados de su libertad. Debido al clima de tensión entre ellos, cada uno fue alojado en establecimientos distintos para evitar nuevos conflictos.
Según reconstruyó la fiscal Mariana Rivadeneira, Beltrán habría organizado una estructura paralela dentro de la fuerza para ocultar el traslado y uso de los presos. En esa presunta maniobra también habrían participado los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, quienes no sólo habrían aportado mano de obra, sino que, además, habrían utilizado vehículos oficiales para llevar y traer a los reclusos hasta la vivienda levantada en el terreno usurpado.
Las acusaciones contra los involucrados son numerosas y de gravedad. En el caso de Beltrán, se le atribuyen delitos como peculado de uso, peculado de servicio, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, con diferentes grados de responsabilidad. A Trejo y Teseira, por su parte, se los señala como partícipes secundarios en el peculado y coautores de la falsificación de documentación oficial en perjuicio del Estado.
El juez Eduardo González había dictado inicialmente una prisión preventiva por seis meses, pero la defensa —a cargo de Augusto Avellaneda por Beltrán y Julieta Jorrat por los otros dos imputados— apeló esa resolución y solicitó medidas menos restrictivas. Sin embargo, en la audiencia revisora el juez Agustín Pupio sólo aceptó acortar el plazo de detención: la preventiva continuará vigente, aunque reducida a cuatro meses. La fiscalía, representada por los auxiliares Mónica Torchan y Federico Lizárraga, junto con el abogado del Estado, José María Molina, se opusieron firmemente a cualquier medida que implicara flexibilizar la situación de los acusados.
La causa sigue avanzando y aún queda un amplio abanico de policías bajo análisis. El Ministerio Público Fiscal informó que se debe profundizar la situación de 17 efectivos más: doce investigados directamente y otros cinco sospechados de haber tenido algún tipo de intervención y que se encuentran actualmente bajo disponibilidad.
En cuanto a los lugares de detención, y a raíz de que ya no podían permanecer en comisarías, Trejo y Teseira fueron derivados al penal de Benjamín Paz, mientras que Beltrán quedó alojado en un pabellón del penal de Villa Urquiza. Todo esto ocurre en el marco de una de las investigaciones por corrupción policial más delicadas y resonantes de los últimos años en la provincia.