Crece el escándalo por una estafa en una concesionaria: ya suman 55 denunciantes

El Poder Judicial continúa profundizando una causa que ha generado gran preocupación en San Miguel de Tucumán: se trata de una supuesta estafa de dimensiones considerables vinculada a una concesionaria de autos. Las autoridades ya han identificado a 55 personas afectadas, aunque se estima que la cifra podría crecer con el paso de los días, a medida que más damnificados se presenten ante la Justicia.

En la jornada del miércoles se llevó a cabo una audiencia clave en el marco de esta investigación. Durante el encuentro, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Carlos Saltor, amplió la acusación contra el dueño del negocio ubicado sobre la calle San Juan al 2700, sumando 23 nuevos hechos delictivos. Según lo expuesto por la fiscalía, el imputado habría engañado a decenas de personas con la promesa de entregar vehículos, por los que recibió abultadas sumas de dinero —tanto en moneda nacional como extranjera— bajo la modalidad de un plan de pagos en 48 cuotas fijas, comprometiéndose además a entregar las unidades en un plazo de dos semanas.

No obstante, el compromiso asumido nunca se materializó: los automóviles no fueron entregados y los montos abonados por los compradores tampoco fueron reintegrados. A lo largo de las investigaciones, surgieron múltiples testimonios que detallan cómo el acusado habría ido postergando las entregas a través de distintas excusas, lo que generó graves perjuicios económicos para los compradores que confiaron en su palabra y firmaron acuerdos con él.

El auxiliar fiscal Francisco Galíndez, quien intervino en la audiencia representando al Ministerio Público, indicó que aún restan formalizar otros 14 hechos, lo que podría elevar aún más el número de denuncias y cargos. Por este motivo, y siguiendo instrucciones del fiscal Saltor, solicitó al juez que el caso sea declarado de “tramitación compleja”, una figura legal que permite extender los plazos judiciales y aplicar medidas más estrictas contra el acusado, debido a la cantidad de víctimas y a la presunta organización detrás del delito.

Aunque la defensa del imputado se opuso a este pedido, el magistrado que presidió la audiencia resolvió a favor del planteo del Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, las medidas cautelares que pesan sobre el acusado seguirán vigentes hasta al menos el 9 de octubre, permitiendo así que la investigación continúe con mayores herramientas legales.

Mientras tanto, desde la fiscalía no descartan que sigan surgiendo nuevos casos a medida que más personas tomen conocimiento de la causa y se animen a denunciar situaciones similares. La causa permanece abierta y se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas.