El llamado Crimen de la Chacabuco 59, que conmovió a Tucumán por su brutalidad y complejidad, está encaminándose hacia un desenlace marcado por la impunidad. Recientemente, un tribunal de impugnación resolvió absolver a Leonardo Salomón, quien había sido el único condenado por el asesinato de Ana Gabriela Picciuto. El cuerpo de la víctima fue hallado oculto en la base de una cisterna, dos meses después de que la mujer recibiera múltiples golpes en la cabeza con un objeto que nunca apareció. Los jueces explicaron que la investigación inicial presentó fallas significativas, principalmente porque no se exploraron otras líneas que podrían haber permitido esclarecer el crimen.
En un extenso fallo de 163 páginas, los magistrados María Jimena Suárez (preopinante), Facundo Maggio y Agustín Puppio detallaron los fundamentos de su decisión, evidenciando que el caso probablemente nunca se resolverá de manera concluyente.
Contexto del caso y hallazgo del cuerpo
El 12 de mayo de 2023, un obrero que realizaba trabajos de refacción en la vivienda donde residía Picciuto descubrió su cadáver en la base de la cisterna. Las pericias establecieron que la muerte había ocurrido entre el 9 y el 11 de marzo de ese año, como resultado de golpes en la cabeza, presuntamente con una maza o martillo de gran tamaño. La investigación reveló que la propiedad albergaba a varias personas con problemas de adicción y que había sido vendida de manera ilegal, sin consentimiento de la víctima, quien había alertado a sus allegados sobre el interés de terceros en apropiarse del inmueble para comercializarlo.
Inicialmente, fueron procesados los inquilinos Alfredo Socci, Natalia Liberman, Sofía di Cianni y el exesposo de Picciuto, Luis Fumero. Salomón, por su parte, se convirtió en el principal sospechoso debido a su conflictiva relación con la víctima y su salida de la provincia el 11 de marzo. Su detención ocurrió en un camping de Córdoba, y se destacó que tenía conocimientos de albañilería y experiencia en limpieza de cisternas, información que había compartido en sus redes sociales. Tras el proceso, el fiscal Carlos Sale centró la acusación únicamente en Salomón, sobreseyendo al resto. Además, se determinó que la casa fue adquirida irregularmente por Walter Marchese, con la intermediación de los hermanos Isaías y Luciana Marín de la Fuente. En mayo, Salomón había sido condenado a 15 años de prisión por los jueces Valeria Mibelli y Guido Cattáneo.
Argumentos de la defensa en la impugnación
El defensor oficial Hernán Molina apeló la condena, cuestionando varios puntos: la falta de pruebas sobre el lugar exacto del crimen, la correcta determinación de la fecha de muerte, la ausencia del arma homicida y de rastros genéticos del acusado, así como la insuficiente exploración de otras líneas de investigación, como las motivaciones de los inquilinos o la venta irregular de la propiedad. La querella, inicialmente encabezada por la hija de Picciuto, renunció tras un acuerdo con los compradores del inmueble.
Observaciones del tribunal de impugnación
Los jueces Suárez, Maggio y Puppio desestimaron la mayoría de los planteos defensivos, considerando improbable que el cuerpo hubiera sido trasladado hasta la cisterna sin que nadie lo detectara. También rechazaron los cuestionamientos sobre los perfiles genéticos hallados, al ser de personas que vivían en la casa, y señalaron que la ausencia del arma homicida era lógica, dado que la propiedad había sido vaciada el 2 de mayo por sus ocupantes. No obstante, coincidieron en que nunca se probó que Salomón tuviera la discusión con la víctima ni que fuera responsable del homicidio, y criticaron la falta de pruebas adicionales, como análisis de celulares o comprobación de viajes o internaciones mencionadas.
Hipótesis alternativas descartadas
Los jueces revisaron dos teorías presentadas por la defensa de Salomón: la pelea con Gabriela Lorena Arcángela Sayavedra, quien alquilaba un local en la propiedad, y la implicación de los compradores, Fumero y Marchese, en maniobras para apropiarse del inmueble. Concluyeron que, aunque hubo irregularidades en la operación inmobiliaria, estas no estaban vinculadas directamente con el asesinato de Picciuto.
La línea de los inquilinos
La investigación también analizó el papel de los inquilinos: Socci, que tenía control de la propiedad y habría incriminado a Salomón; Liberman y Di Cianni, quienes poseían objetos de la víctima como DNI y tarjeta de débito. Los jueces consideraron que nunca se investigaron a fondo estos elementos clave, ni se realizaron interrogatorios exhaustivos.
Camino a la impunidad
Con la absolución de Salomón, quien pasó más de dos años detenido y ahora busca reconstruir su vida en Buenos Aires, el caso se encamina hacia la impunidad. Socci, Liberman y Di Cianni fueron sobreseídos y no pueden ser nuevamente acusados a menos que surjan nuevas pruebas, algo poco probable tras dos años del femicidio. La investigación continuará solo en relación a las irregularidades en la venta de la propiedad, dejando sin responsables claros el asesinato de Ana Gabriela Picciuto, uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en Tucumán.