Este jueves 7 de agosto se desarrolló en Tucumán una audiencia impulsada por el Ministerio Público Fiscal en la que se formularon cargos y se solicitó la imposición de medidas de coerción contra una mujer por su presunta conducta imprudente al maniobrar y estacionar un vehículo, conducta que según la acusación desencadenó un siniestro con víctimas fatales y lesionados, entre ellos niños.
La hipótesis del Ministerio Fiscal reconstruye los hechos de la siguiente manera: el 19 de abril de 2024, pasadas las 10:30 de la mañana, en el barrio San Martín de Los Nogales, en el departamento de Tafí Viejo, la imputada dejó estacionado su automóvil en una cuadra con pendiente descendente. Por un defecto en la forma de asegurar el vehículo —según la Fiscalía, un freno de mano mal colocado o insuficiente—, el rodado quedó sin control y comenzó a desplazarse en reversa. El auto recorrió la calle hasta embestir la garita ubicada en la intersección con la ruta nacional 9, kilómetro 1307, donde había varias personas reunidas. El choque fue de tal violencia que provocó la muerte de una mujer, a causa de un traumatismo torácico severo; además, otras cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas dos menores, con heridas que en algunos casos exigieron curaciones superiores a un mes.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal María José Agüero explicó que para la Fiscalía la conducta atribuida a la acusada encuadra en el delito de homicidio culposo agravado —por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo a motor—, acompañado de múltiples lesiones culposas. En palabras de la representante del Ministerio Público, el deceso y las lesiones derivaron de una negligencia evitable: “El resultado fatal fue consecuencia directa de una negligencia que pudo haberse evitado con una mínima precaución”, sostuvo Agüero.
Frente a ese cuadro, la Fiscalía no pidió prisión preventiva sino medidas de menor intensidad orientadas a garantizar la continuidad del proceso y la no entorpecimiento de la investigación. Las medidas solicitadas consistían en la firma semanal del libro de comparendos, la prohibición de salir de la provincia y una restricción de acercamiento por el plazo de cuatro meses. La magistrada que intervino en la audiencia aceptó las medidas propuestas por el MPF.
El expediente continúa abierto: se ordenaron y siguen en marcha diligencias complementarias para completar el esclarecimiento de lo sucedido y determinar con precisión responsabilidad, circunstancias y si cabe la imputación definitiva conforme al resultado de las pericias y testimonios que restan producirse.
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