La Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Concepción, bajo la dirección de Héctor Fabián Assad, inició un proceso de investigación en contra de tres individuos: una mujer de 39 años, otra de 22 y un hombre de 30. Los tres están acusados de haber cometido una millonaria estafa contra una mujer, a quien lograron engañar mediante la oferta de supuestos “servicios de limpieza espiritual”.
El caso salió a la luz tras la denuncia presentada por la víctima, quien relató que entre el 20 de diciembre del año anterior y el 9 de enero del presente año mantuvo contacto con una persona que afirmaba ser parapsicóloga. Dicho vínculo se estableció a través de plataformas digitales, como WhatsApp y Facebook. Según su testimonio, la denunciante había encontrado el perfil de esta supuesta vidente en redes sociales y decidió contactarla con el propósito de solicitar una “purificación” para su comercio.
Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando la falsa especialista en esoterismo le aseguró que su familia estaba bajo los efectos de un “mal” y que su hijo menor corría el riesgo de enfermarse gravemente si no actuaban con rapidez. A partir de esa advertencia, la víctima fue inducida a contratar los servicios de protección ofrecidos por la acusada. Para garantizar la supuesta eliminación de la influencia negativa, la estafadora le exigió la entrega de importantes sumas de dinero, que la afectada proporcionó tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, cuyos destinatarios fueron los tres imputados.
Con el avance de la investigación, la fiscalía logró constatar un total de 36 transacciones electrónicas por diversas cantidades de dinero, además de una entrega en efectivo que ascendió a la suma de $8.000.000. Los registros determinaron que el principal beneficiario de este dinero fue el hombre involucrado en la causa.
Diez días después de haber sido formalmente imputados por el delito de estafa, los acusados, junto con su representación legal, propusieron acceder a un mecanismo alternativo para la resolución del conflicto penal. Presentaron un pedido de suspensión de juicio a prueba, el cual fue evaluado por el Ministerio Público Fiscal y obtuvo su dictamen favorable, seguido de la posterior aprobación del juez encargado del caso.
Como parte de los compromisos establecidos en esta resolución alternativa, se determinó que el proceso judicial quedaría en suspenso por el período de un año. Durante ese tiempo, los acusados deberán acatar una serie de normas de conducta y realizar tareas comunitarias en la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste de la policía. Además, se comprometieron a efectuar una reparación económica a la víctima, que consistirá en un pago único de $100.000, el desembolso de $6.000.000 distribuidos en 12 cuotas y la entrega de un vehículo propiedad del hombre imputado.