Emilio Mustafá, director de Asistencia y Prevención de Adicciones de la provincia, hizo pública una denuncia sobre un incidente de violencia protagonizado por la policía en el Centro Preventivo Local de Adicciones (CEPLA), ubicado en el barrio La Costanera. Según explicó en diálogo con el diario La Gaceta, efectivos armados irrumpieron en el centro mientras dos jóvenes finalizaban una sesión terapéutica, y consideraron “actitud sospechosa” que los chicos regresaran al establecimiento al percibir el patrullaje.

Mustafá relató que el operativo policial, conocido popularmente como «trencito», ingresó con siete motos y cinco agentes armados, algunos con pistolas en mano, al espacio donde se atendía a niños y adolescentes. En ese momento, había menores de apenas 10 años participando en actividades deportivas, lo que generó una gran impresión y miedo entre los presentes. El funcionario destacó que el equipo del CEPLA intentó explicar a los policías que los jóvenes estaban en tratamiento por consumo problemático y que llevaban tres días abstinentes, ya integrados a un programa terapéutico. “Se violó una institución estatal, en este caso un centro de salud mental, por parte de otro sector del Estado. Esto no puede ocurrir”, enfatizó.

En su denuncia, Mustafá hizo un llamado a la Policía para que se haga una clara distinción entre narcotraficantes y personas con adicciones. “Quienes consumen no son delincuentes, sino enfermos que requieren ayuda”, subrayó. Agregó que el equipo que dirige también trabaja contra el narcotráfico, pero desde la prevención del consumo y la protección de los jóvenes para evitar que ingresen a ese circuito ilegal.

Además, se ofreció para capacitar a las fuerzas de seguridad en temas relacionados con la atención de las adicciones y la salud mental, apuntando a la necesidad de coordinación interinstitucional. “El tema es complejo y exige respeto por la institucionalidad y los derechos de las personas en tratamiento. La intimidación y el amedrentamiento no son soluciones válidas”, afirmó.

Mustafá también alertó sobre el impacto que tienen operativos como este en niños y jóvenes de barrios vulnerables, quienes muchas veces ya provienen de contextos de violencia y exclusión social. “En el CEPLA brindamos un espacio seguro y de contención; no podemos permitir que ese trabajo se vea dañado por estas intervenciones”, añadió.

Finalmente, el director aseguró contar con el respaldo del ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, quien se comunicó con la cartera de Seguridad para revisar y mejorar los protocolos tras el incidente. Mustafá concluyó afirmando: “Queremos que la Policía haga su trabajo y que quienes venden drogas sean detenidos, pero con un enfoque correcto, apuntando a donde realmente corresponde. El combate contra el narcotráfico no puede hacerse violando los derechos de quienes están en proceso de rehabilitación”.

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