El incidente que involucró a un policía agredido en Villa Carmela sigue siendo un tema de gran controversia. En las últimas horas, las autoridades decidieron llevar a cabo la demolición parcial del kiosco en el que se produjo la agresión. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad mostraron de manera clara cómo el oficial fue atacado violentamente por un grupo mixto de hombres y mujeres. Durante este ataque, no solo fue golpeado, sino que también le fueron robados su arma reglamentaria y su billetera, lo que desató una respuesta inmediata por parte de la cúpula de la Policía.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, se expresó en declaraciones al diario La Gaceta, rechazando las acusaciones de soborno que algunos de los detenidos habían intentado utilizar como defensa. En sus declaraciones, Girvau aseguró que las investigaciones seguirán su curso sin escatimar esfuerzos para llegar «hasta las últimas consecuencias» y así asegurar que se haga justicia.
No obstante, la decisión de demoler parcialmente el kiosco, tomada por las autoridades, ha generado una gran controversia. Aunque se justifica oficialmente por razones de despeje vial, la medida ha sido cuestionada. La propietaria del local, visiblemente indignada, ha asegurado que no estuvo involucrada en el ataque y ha expresado su malestar por la demolición. Por su parte, el Gobierno ha explicado que la demolición se enmarca dentro de regulaciones de vialidad que exigen liberar ese espacio público, pero la coincidencia de esta decisión con el caso ha generado sospechas y especulaciones entre los vecinos de la zona.
