El escándalo relacionado con los alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, hallados durante un allanamiento, ha generado una creciente repercusión política. Este caso, que llevó a la detención de dos referentes barriales, Alberto Felipe López y su hijo, Juan López Cansillieri, también ha sacado a la luz vínculos con el empleo estatal, según información suministrada al Poder Judicial por la Secretaría de Gestión y Planeamiento del Poder Ejecutivo.
De acuerdo con estos informes, López, quien lideraba el Movimiento Provincial Tucumán (MPT), fue parte de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel) hasta su cierre a fines de 2023. Por su parte, López Cansillieri, de 39 años, percibió haberes del Poder Legislativo de Tucumán hasta su reciente cesantía, decidida por el vicegobernador Miguel Acevedo tras conocerse su implicación en el caso.
El eje de la investigación penal, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal (MPF), gira en torno al destino de los más de 5.200 kilos de alimentos encontrados en una vivienda de Manantial Sur. Entre las hipótesis barajadas figura la posible comercialización de los productos en la zona, aunque también se considera que podrían haberse utilizado con fines electorales.
El inicio del caso se remonta a una denuncia por violencia, que desencadenó un procedimiento policial el martes en el sector B de Manantial Sur. Durante este operativo, liderado por efectivos de la Seccional 15° bajo la dirección del comisario Martín Arias, se encontró el cargamento alimentario y se detuvo a López Cansillieri. Entre los elementos incautados, los agentes hallaron un remito emitido por el depósito Hacha de Piedra, proveedor contratado por Desarrollo Social, que consignaba la entrega de 216 módulos alimentarios a nombre de Alberto Felipe López. Sin embargo, esta documentación resultó insuficiente para justificar la magnitud del cargamento almacenado.
La investigación se fortaleció gracias a los testimonios de vecinos del área, quienes aportaron datos significativos. El jefe de Policía, Joaquín Girvau, destacó la colaboración comunitaria, señalando que fue clave para los nuevos allanamientos realizados en el marco del caso. «Este hecho está sumamente esclarecido», aseguró Girvau, aunque dejó en manos de la Justicia la determinación del uso que los acusados daban a los alimentos. Asimismo, subrayó que no se tolerarán actos que jueguen con recursos destinados a las personas más vulnerables.
La polémica en torno al caso llevó al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, a tomar medidas para evitar futuras irregularidades. Entre las acciones anunciadas, se destaca la eliminación de intermediarios en la distribución de alimentos y la implementación, a partir de 2025, de una tarjeta para que los beneficiarios puedan adquirir directamente los productos en supermercados. Además, el gobierno provincial instruyó a la Fiscalía de Estado a constituirse como querellante en la causa, caratulada como peculado.
El sistema de distribución de comestibles a través de organizaciones sociales ha sido duramente criticado, evidenciando la necesidad de revisar los mecanismos de control. El caso también reveló cómo la Unrel, creada en 2021 por el manzurismo para apoyar a los afectados laboralmente por la pandemia, había acumulado elevados recursos presupuestarios antes de su disolución a fines de 2023 por decisión de Jaldo.
En el lugar del allanamiento, además del cargamento de alimentos, se encontraron cuadernos con anotaciones que detallaban listas de productos como puré de tomates y lentejas, acompañadas de montos de dinero, lo que refuerza la teoría de una posible venta ilegal de los módulos alimentarios.
Los abogados defensores, Javier Lobo Aragón y su hijo, han asumido la representación legal de los detenidos. Aunque han optado por no hacer declaraciones públicas sobre el caso, afirmaron estar recopilando documentación para demostrar la presunta inocencia de sus clientes.
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