Un conflicto por la propiedad de una vivienda vinculada históricamente al clan Ale terminó escalando hasta transformarse en una causa penal que involucra acusaciones de usurpación, agresiones físicas y amenazas. La intervención del Ministerio Público Fiscal derivó en la formulación de cargos contra Ángela Yamile Ale, hija de Rubén “La Chancha” Ale, y contra su pareja, Darío Coronel, después de que ambos irrumpieran por la fuerza en el domicilio donde vive María Jesús Rivero, ex pareja del fallecido líder del clan. Tras la audiencia, la Justicia ordenó que Ale permanezca 15 días bajo arresto domiciliario, mientras que Coronel fue enviado a prisión preventiva, medidas que regirán mientras continúa la investigación.
El conflicto surgió en medio del proceso sucesorio ligado a los bienes del clan. Rivero relató que el 11 de noviembre, la pareja ingresó violentamente a su casa ubicada en Adolfo de la Vega al 700, la agredió físicamente y se instaló de manera ilegal en la planta baja del inmueble. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, dirigida por Diego Hevia, que decidió avanzar con las imputaciones una vez reunidos los elementos probatorios.
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Natalia Carabajal detalló que los acusados ya habían intentado ingresar días antes, el 7 de noviembre, cuando se presentaron junto a tres personas no identificadas. Según la investigación, rompieron el candado del portón con un fierro, derribaron la puerta a patadas y, una vez adentro, Coronel habría golpeado de puño a la propietaria. Minutos después llegaron dos hermanas de Ángela Ale, quienes se sumaron a la ocupación del inmueble. Durante todo ese período, el grupo habría mantenido a Rivero bajo amenazas directas, entre ellas: “te vamos a sacar de aquí” y “te vamos a sacar con los pies por delante”, según consta en la denuncia.
El episodio más alarmante ocurrió el 1 de diciembre, cuando Rivero regresó acompañada por una amiga. Conforme a la hipótesis fiscal, Ángela Ale tomó un cuchillo con el que la intimidó, diciéndole: “te voy a tajear entera”, lo que obligó a la mujer a retirarse por temor a ser atacada. La denuncia fue respaldada por informes médicos que confirmaron lesiones compatibles con lo relatado, además de registros fílmicos que muestran el ingreso violento a la vivienda. También prestaron testimonio vecinos y policías que intervinieron en distintas etapas del conflicto.
Con estas pruebas, Carabajal imputó a la pareja por el delito de usurpación y pidió que se dictara la prisión preventiva. El abogado querellante, Rodolfo Tercero Burgos, coincidió con la postura fiscal y solicitó además que la casa fuese restituida de inmediato a Rivero.
Las defensas intentaron desacreditar la acusación. La abogada de Coronel, Victoria Corbera, negó que su defendido hubiera golpeado a la denunciante, aunque reconoció que la entrada al domicilio se produjo por la fuerza. Por su parte, Agustina Mentesana, defensora de Ángela Ale, argumentó que su clienta tiene una declaratoria de herederos y que, aunque la irrupción pudo haber sido violenta, no constituiría un despojo ilegal. También afirmó que existían conversaciones previas acerca de una posible convivencia.
Durante su declaración, la propia Ángela Ale reconoció que ingresó de manera “brusca”, pero sostuvo que actuó desesperada porque debía mudarse con sus tres hijos tras el vencimiento del contrato de alquiler del lugar donde vivía. Negó haber atacado a Rivero y cuestionó la falta de respuesta judicial a denuncias previas que —según dijo— había presentado tanto contra su hermano como contra la denunciante.
Finalmente, el juez Fernando Zóttoli resolvió restituir el inmueble a Rivero, otorgó arresto domiciliario a Ángela Ale y dispuso prisión preventiva efectiva para Coronel. El expediente seguirá su curso, marcado por disputas familiares, tensiones sucesorias y episodios de violencia que profundizan uno de los conflictos más sensibles relacionados al clan Ale en los últimos años.