Detuvieron a una estafadora que falsificaba certificados médicos y defraudaba con planes sociales

En la provincia de Tucumán, la Justicia avanzó con una causa vinculada a la falsificación de documentos sanitarios al imputar y ordenar la prisión preventiva de una mujer de 32 años. La acusada habría estado involucrada en la producción y comercialización de certificados médicos falsos, utilizados principalmente para trámites de ingreso escolar y otros requerimientos de salud. La oferta de estos documentos se realizaba a través de redes sociales, lo que permitió a los investigadores rastrear su actividad y proceder con su identificación.

El caso está bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, dirigida por la fiscal María del Carmen Reuter. En el marco de la investigación, un equipo especializado en análisis digital logró reunir las pruebas necesarias para ubicar a la sospechosa. Durante la audiencia correspondiente, la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio expuso los detalles del accionar de la imputada, quien utilizaba el alias «More Nicol» en Facebook para ofrecer certificados médicos fraudulentos. Estos documentos contenían sellos apócrifos y firmas falsificadas de profesionales de la salud, lo que agravaba la gravedad de la maniobra delictiva.

El material recolectado por la investigación reveló que los certificados ilegítimos tenían diversos propósitos, incluyendo la habilitación para el ingreso a establecimientos educativos, permisos especiales de salida, comprobantes de aptitud física y libretas sanitarias. Además, estos documentos contenían sellos de organismos oficiales como el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Centros de Atención Primaria (CAPs) y hospitales públicos, lo que no solo ponía en riesgo la seguridad del sistema sanitario, sino que también implicaba un perjuicio a la administración estatal.

Los peritajes realizados en el marco de la causa demostraron que los números de matrícula médica utilizados en los certificados no coincidían con los de los verdaderos profesionales de la salud registrados en la provincia. Incluso, en algunos casos, se detectó que las especialidades médicas consignadas en los documentos no existían en la realidad. Esta situación generó una alerta en la fiscalía, dado que el uso de documentación médica fraudulenta puede obstaculizar la detección temprana de afecciones de salud en niños y adolescentes, comprometiendo así la seguridad sanitaria de la población.

Ante la gravedad del hecho, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se impusiera un plazo de dos meses de prisión preventiva para la acusada, argumentando que existía el riesgo de que intentara fugarse o que pudieran aparecer más personas involucradas en la red delictiva. No obstante, el juez a cargo de la causa decidió imponer una medida cautelar más acotada, estableciendo un período de prisión preventiva de 20 días, con vencimiento el 28 de marzo. Asimismo, rechazó la solicitud de la defensa, que había pedido que la imputada pudiera cumplir su detención bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Además de este caso, la fiscalía señaló que la mujer ya contaba con antecedentes en otro expediente por estafa. En esa causa, se la acusa de haber engañado a personas ofreciéndoles gestionar planes sociales a cambio de transferencias bancarias. Sin embargo, una vez recibido el dinero, la sospechosa citaba a las víctimas en un punto de encuentro y luego bloqueaba toda comunicación con ellas, dejándolas sin respuesta.

La investigación sigue en curso con el objetivo de identificar posibles cómplices en la red de falsificación y evaluar el impacto que estos documentos adulterados pudieron haber tenido en el funcionamiento del sistema de salud pública de Tucumán.