Dictan 180 días de prisión preventiva para el femicida del Mercofrut

Carlos Álvaro Jerez, de 45 años, enfrenta cargos por el crimen de su ex pareja, María Verónica Leal, de 40 años, en un caso que ha conmocionado a la provincia de Tucumán y puesto nuevamente en discusión la eficacia de los mecanismos institucionales de protección a mujeres víctimas de violencia. Mientras avanza la investigación por este segundo femicidio ocurrido en lo que va de 2025 en el territorio tucumano, la Justicia determinó que el acusado cumpla 180 días de prisión preventiva en una unidad penitenciaria, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la causa y proteger a los hijos menores de la víctima.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Homicidios II, liderada por el fiscal Carlos Sale. En la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar fiscal Luz Becerra expuso los fundamentos de la acusación contra Jerez, a quien se le imputa el delito de homicidio doblemente agravado: por haber tenido una relación de pareja con la víctima y por tratarse de un hecho enmarcado en un contexto de violencia de género.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, los hechos ocurrieron el miércoles 30 de abril, entre las 5:30 y las 6 de la mañana, cuando Verónica Leal se dirigía a su lugar de trabajo, un bar ubicado en el predio del Mercofrut. En su trayecto, al cruzar una zona descampada conocida, fue sorprendida por Jerez. El agresor la atacó brutalmente: primero la golpeó en la cabeza, y luego la agredió con un arma blanca, causándole múltiples lesiones punzocortantes. Entre ellas, se identificó una herida letal en la zona del cuello, de 18 centímetros de largo y tres de profundidad, que le comprometió las vías respiratorias y le provocó la muerte casi inmediata.

Luego de perpetrar el crimen, Jerez abandonó el cuerpo de su ex pareja en el mismo descampado y realizó intentos por eliminar rastros que lo vincularan al hecho. Sin embargo, los investigadores detectaron incongruencias en su relato y hallaron pruebas que lo comprometían de manera directa. Entre las evidencias se incluyen lesiones visibles en su rostro y la aparición de prendas ensangrentadas escondidas en una bolsa que fue colgada de un árbol cercano al lugar del homicidio.

La historia de violencia entre Jerez y Leal tenía un largo historial. El 21 de abril, apenas nueve días antes de ser asesinada, Verónica acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) para denunciar años de agresiones físicas y psicológicas. En su declaración, relató con crudeza los abusos sufridos: “Me pegó piñas en la cara, me dejó el ojo morado, me dio patadas en los pulmones, me ahorcó muchas veces”. A pesar de esta contundente denuncia, el informe de la OVD calificó el caso como de riesgo medio y lo derivó a la Defensoría Oficial Civil. Allí, la víctima manifestó su deseo de que Jerez abandonara la vivienda que ambos seguían compartiendo, aunque ya estaban separados. Sin embargo, no impulsó una denuncia penal en ese momento.

Los resultados de la autopsia confirmaron que Verónica murió a causa de un traumatismo abierto en el cuello, consecuencia directa de una agresión intencional. Jerez, quien había sido su pareja durante 16 años, fue considerado el principal sospechoso desde los primeros momentos. Detalles posteriores reforzaron esta hipótesis: testigos cercanos afirmaron que, tras el asesinato, Jerez se comportó de forma extraña, lavando ropa a las 7 de la mañana —un comportamiento inusual en él— y regresando más tarde al descampado con una bolsa que luego desapareció.

La fiscalía logró avanzar en la reconstrucción del crimen a través del análisis de grabaciones de cámaras de seguridad y del testimonio de personas allegadas a la víctima. Entre ellos se destacó Ricardo Pérez, actual pareja de Verónica, quien corroboró que ella tenía la intención de formalizar la separación y ya había iniciado trámites judiciales para dividir la propiedad que compartía con Jerez.

Durante la audiencia judicial, la fiscal Becerra argumentó que la prisión preventiva era necesaria debido al riesgo de que Jerez pudiera obstaculizar la investigación o ejercer presión sobre los menores que aún viven en la casa familiar. La jueza Isolina Papás Pérez de Nucci coincidió con esta valoración y dispuso que el acusado permanezca detenido durante un período de seis meses, hasta fines de octubre.

El femicidio de Verónica Leal ha vuelto a visibilizar las falencias del sistema de protección a víctimas de violencia de género. Pese a haber acudido a las instancias institucionales disponibles, la respuesta no fue suficiente ni oportuna. La falta de medidas eficaces permitió que el agresor continuara conviviendo con la víctima, poniendo en evidencia la necesidad urgente de revisar los protocolos de atención y actuación.

Este caso se suma al de Gabriela Mercedes Arroyo, asesinada por su pareja el pasado 2 de marzo, también en Tucumán. Ambos femicidios dejan al descubierto un patrón alarmante: las víctimas suelen advertir sobre el peligro que corren, pero las instituciones no logran actuar con la rapidez y contundencia necesarias para prevenir estas muertes. La reiteración de estos hechos ha generado reclamos por parte de organizaciones sociales y especialistas, que exigen una revisión profunda de las políticas públicas y una verdadera articulación entre las áreas judiciales, sociales y de seguridad para prevenir nuevos casos.