Un abogado de 58 años, cuya identidad no fue revelada por decisión judicial, enfrenta una grave imputación en el marco de una causa por violencia de género. La investigación se formalizó este martes a pedido del Ministerio Público Fiscal, que solicitó además la aplicación de medidas de coerción para asegurar el normal avance del proceso judicial.
El expediente quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género III, cuyo titular es el fiscal Ignacio López Bustos, aunque en la audiencia intervino en su representación la auxiliar de fiscal Valentina Leccese. Fue ella quien presentó la acusación contra el imputado, atribuyéndole el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, figura que lo ubica como presunto autor material de la agresión.
De acuerdo con lo expuesto por la parte acusadora, los hechos se remontan al 20 de agosto, alrededor de las 18 horas, cuando la mujer se encontraba en el dormitorio de la vivienda que compartía con el abogado. Allí, el hombre la habría sorprendido tomándola bruscamente del cabello para arrojarla sobre la cama, luego la golpeó con sus puños en el rostro y finalmente intentó asfixiarla sujetándola del cuello con ambas manos. Las lesiones ocasionadas fueron posteriormente confirmadas y certificadas por un médico de la Policía, lo que dio sustento a la imputación.
Ante la gravedad del episodio y mientras la causa continúa en etapa de investigación, la Justicia resolvió imponerle al acusado una serie de restricciones por un lapso de seis meses. Entre las principales medidas ordenadas se encuentran: permanecer a disposición de las autoridades judiciales, no interferir en el desarrollo de la causa, abstenerse de ejercer cualquier tipo de hostigamiento o intimidación contra la víctima y cumplir con un perímetro de restricción de acercamiento que lo mantenga alejado de ella.
De esta manera, el proceso judicial queda encaminado, con la Fiscalía avanzando en la recolección de pruebas para determinar la responsabilidad del imputado y garantizar la protección de la mujer afectada.