Durante la madrugada del sábado, la vivienda de una empleada del Centro de Monitoreo fue atacada a balazos, lo que abrió un nuevo frente de investigación en un expediente que ya estaba bajo la lupa judicial. Este hecho se suma a la polémica en torno a la forma en que Javier “Chuky” Casanova —procesado por narcomenudeo y por su participación en un enfrentamiento armado entre bandas rivales— accedió a un arresto domiciliario bajo condiciones cuestionables y, presuntamente, abandonó su hogar sin autorización.
Casanova había sido detenido en septiembre tras un operativo policial solicitado por el fiscal Mariano Fernández, en el que se hallaron cerca de cien dosis de cocaína y elementos que lo vinculaban con un tiroteo en investigación por otra fiscalía. La Justicia dictó entonces prisión preventiva por ambos casos.
El 11 de diciembre, durante una audiencia, el fiscal José Sanjuán pidió extender la detención preventiva, pero la defensa se opuso y cuestionó el procedimiento policial. El juez Guillermo Taylor decidió prorrogar la detención, aunque concedió el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, aclarando que esta resolución no debía interferir con una medida previa dictada por la jueza Soledad Hernández, quien había ordenado que Casanova permaneciera detenido hasta el 26 de diciembre. Sin embargo, esta disposición no se cumplió.
El fiscal Fernández, al advertir irregularidades en el trámite, inició una investigación interna que reveló varias situaciones sospechosas:
- El 12 de diciembre, a las 15:30, el organismo informó que no había pulseras electrónicas disponibles, pero Casanova apareció en su domicilio del barrio Oeste II cerca de la medianoche con un dispositivo.
- El informe técnico sobre la factibilidad del monitoreo, que normalmente demora al menos 24 horas, se completó en pocas horas.
- La Policía, encargada de las rondas de control en caso de falta de pulseras, nunca fue notificada de la instrucción judicial.
- A las 6:04 del 13 de diciembre, el Centro de Monitoreo registró que Casanova había salido de su casa. Personal del Servicio Penitenciario llegó a las 7:30 y corroboró su ausencia, aunque la defensa lo niega.
- Las autoridades judiciales fueron notificadas recién a las 9:44 y Casanova fue finalmente localizado y trasladado al penal de Benjamín Paz.
El ataque a la vivienda de la operadora el sábado siguiente agregó un elemento alarmante. La trabajadora había firmado el informe que señalaba la ausencia irregular de Casanova, y su casa fue baleada, lo que fue interpretado por investigadores como un posible mensaje de advertencia o represalia. La empleada denunció el hecho ante Tribunales, y el fiscal Fernández analiza incorporar esta agresión dentro del expediente, dado el vínculo temporal con su informe.
Por su parte, la defensa de Casanova negó cualquier relación del detenido con el ataque, señalando que no tendría sentido que entorpeciera una investigación cuando está cerca de ser sobreseído en ambos casos. “Podría ser una maniobra en su contra”, afirmó el abogado Facundo Herrera.
No obstante, los investigadores sospechan que el ataque podría haber tenido relación con el Servicio Penitenciario, ya que solo personas con acceso al sistema podrían haber conocido la identidad de la empleada que detectó la irregularidad. El Ministerio de Seguridad confirmó que se abrió un sumario administrativo que será elevado a la Justicia, sin afectar el proceso penal en curso.
El caso pone en evidencia problemas estructurales en el monitoreo electrónico, la comunicación entre organismos y los controles internos del sistema penitenciario. Además, la balacera añade un componente de intimidación que agrava la preocupación judicial, revelando que la trama no solo involucra a un acusado con antecedentes por drogas y violencia, sino también posibles filtraciones, complicidades y maniobras para eludir controles desde el propio Estado.