¿Dónde se encuentra Daniel Altamirano? La justicia federal asumirá la investigación sobre la estafa piramidal

La Unidad Fiscal Especializada del Centro Judicial de Concepción ha decidido transferir a la Justicia Federal los casos relacionados con un esquema Ponzi llamado PEAK Capital, que ha afectado a miles de ciudadanos tucumanos en Concepción y Aguilares, abarcando denuncias de usurpaciones, estafas y cibercriminalidad. Aunque hasta ahora solo se han presentado ocho denuncias ante esta unidad judicial, se prevé que la cantidad aumente, dado el número de denuncias públicas que han circulado en las redes sociales desde que la aplicación vinculada al esquema dejó de funcionar, lo que resultó en la pérdida de ahorros de los afectados.

El auxiliar fiscal Juan José Ibáñez señaló que la decisión de remitir las denuncias a la Justicia Federal se basa en la posibilidad de que se estén cometiendo delitos de estafa reiterada y intermediación financiera no autorizada, una infracción agravada por su difusión masiva, según lo estipulado en el artículo 310 del Código Penal. Ibáñez explicó que este delito protege un bien jurídico nacional, como la estabilidad financiera, y afecta a intereses colectivos regulados por entidades que superan la jurisdicción provincial, lo que justifica la intervención federal. El ministerio público solicitó a la autoridad judicial local que envíe urgentemente los expedientes a este fuero, y el magistrado Rodrigo Martearena ya ha respondido positivamente.

“Las actuaciones ya fueron enviadas a la autoridad federal y estamos esperando su aceptación”, confirmó Ibáñez. Las denuncias mencionan a diversas personas que habrían persuadido a otros para unirse a lo que parecía ser una plataforma de inversión y comercio. “En todos los casos, los puntos de conexión incluyen el proceso de captación de fondos privados, un trader conocido como Wendy, y el uso de la mencionada plataforma. Varias personas son identificadas como responsables de atraer inversores, lo que caracteriza esta modalidad delictiva, por lo que será necesario determinar la responsabilidad individual en cada caso”, añadió el funcionario judicial.

Se descubrió que la plataforma en cuestión no contaba con la aprobación ni autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para operar dentro del sistema financiero argentino, lo que es crucial porque este organismo, junto al Banco Central de la República Argentina, es responsable de verificar y controlar la solvencia de las empresas en el mercado para prevenir situaciones que pongan en riesgo todo el sistema financiero.

Además, se estableció que el número de contacto de «Wendy», quien participaba en grupos de WhatsApp, tenía un prefijo asociado con Rusia y Kazajistán. Para el investigador, la investigación debe ser exhaustiva y no solo enfocarse en las personas mencionadas en las denuncias, sino también en aquellos que están detrás de PEAK Capital. Aunque inicialmente se calculaba que había unos 4.000 afectados en Concepción y Aguilares, se ha comprobado que el daño también ha impactado a ciudadanos de otras provincias.

“Una vez que las causas lleguen a la Justicia Federal, se decidirá si se investigará por provincias o si se asignará un fiscal específico para abordar el caso”, explicó Ibáñez. PEAK Capital inició sus operaciones en Concepción a comienzos del año y los afectados señalan a Daniel Altamirano, un procurador, como el líder de la empresa inversora. Según la evidencia presentada en los tribunales, Altamirano, quien es sobrino de un juez de la región sur, fue quien comenzó a reclutar ahorristas con propuestas de inversión en el mercado financiero. Su paradero es incierto desde que la aplicación se congeló el pasado sábado.

Se han visto menciones en redes sociales sobre recompensas para aquellos que puedan proporcionar información sobre su ubicación y la de otras 12 personas, incluidas tres mujeres, que se consideran involucradas en la estafa, ya que eran las encargadas de atraer a las víctimas de este fraude masivo.