Este miércoles se llevó a cabo una audiencia destinada a evaluar la prórroga de la prisión preventiva de un hombre de 45 años, acusado de desobedecer una orden judicial de restricción de acercamiento. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y de Género I, encabezada por Adriana Reinoso, presentó un pedido formal para extender esta medida cautelar por 23 días adicionales, hasta el 20 de diciembre. Este requerimiento se fundamentó en la persistencia de riesgos procesales y la necesidad de completar ciertos informes, como el dictamen de la Junta Médica, un psicodiagnóstico y la obtención de la historia clínica del imputado, solicitada al Hospital Obarrio.
Carolina Brito Ledesma, auxiliar de la fiscalía, argumentó que medidas menos restrictivas, como el arresto domiciliario, no serían efectivas para garantizar el curso de la investigación. Durante la audiencia, señaló: “Al momento del examen psíquico realizado por la Junta Médica, se determinó que el acusado se encontraba vigil, coherente y orientado en tiempo y espacio, sin problemas sensoperceptivos y con un pensamiento normal. Sin embargo, los especialistas recomendaron contar con un resumen de su historia clínica para responder plenamente a los puntos de pericia”. Según la investigadora, el médico psiquiatra tratante indicó que el imputado había dejado de recibir atención psiquiátrica y medicación desde el 8 de febrero de 2023, lo que dificultaba emitir un concepto actualizado sobre su estado clínico. Por ello, se solicitó nuevamente al psiquiatra la historia clínica, comprometiéndose este a enviarla próximamente.
“Cuando contemos con esta documentación podremos fijar una nueva fecha para que continúe la Junta Médica”, añadió Brito Ledesma, quien también anticipó que se espera el resultado del psicodiagnóstico para evaluar si la conducta del acusado podría encuadrar en otros delitos. “De ser necesario, ampliaremos el objeto de la investigación”, afirmó.
Consideraciones sobre riesgos procesales
La fiscal subrayó que este caso se inscribe en un contexto de violencia de género y destacó la premeditación observada en las acciones del acusado. “En los registros fílmicos se observa cómo el imputado esperaba a la víctima frente a su vivienda y luego huía en su automóvil tras ser confrontado por el novio y un vecino. Esta actitud demuestra una total indiferencia hacia la voluntad de la víctima”, declaró. Además, enfatizó que este no es un incidente aislado, sino que debe analizarse en el marco de un historial previo de comportamiento perturbador hacia la víctima. “La víctima vive en un estado constante de alerta, lo que ha alterado significativamente su vida cotidiana”, señaló. Durante la audiencia, la víctima, acompañada por la querella, expresó su rechazo a medidas menos restrictivas, como el arresto domiciliario, argumentando que el acusado reside a solo 250 metros de su vivienda y ya ha incumplido órdenes de custodia anteriores. “No puedo salir tranquila sabiendo que en cualquier momento puede aparecer. Ha demostrado que no respeta ninguna medida de protección ni distanciamiento,” declaró.
El juez a cargo resolvió aceptar la solicitud de prórroga presentada por la fiscalía, destacando la falta de apego del acusado a las normativas vigentes.
Los hechos según la acusación
De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, el incidente ocurrió el lunes 28 de octubre, aproximadamente a las 22:05 horas, cuando la víctima estaba en su domicilio de Tafí Viejo junto a su pareja. En ese momento, el acusado llegó al lugar, golpeó la puerta y exigió hablar con la mujer. A pesar de tener vigente una orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 500 metros del domicilio y realizar cualquier acto de perturbación, el imputado permaneció allí hasta que un vecino y el novio de la víctima le pidieron que se retirara. Finalmente, abandonó el lugar en un automóvil Citroën C3. Esta orden de restricción, emitida el 23 de octubre y notificada el 24, había sido firmada por la madre del acusado, aunque no por él directamente.
El caso continúa avanzando, con el Ministerio Público Fiscal buscando consolidar pruebas para determinar responsabilidades y garantizar la protección de la víctima.