El caso Alberdi evidenció el dominio violento del narcotráfico en el sur de Tucumán

El estallido de un escándalo judicial en la localidad de Juan Bautista Alberdi ha sacudido el escenario político del sur tucumano y desnudado una red de criminalidad que, según la Justicia, se extiende a lo largo de varias de las principales ciudades de la región. La presunta conexión entre antiguos funcionarios municipales y grupos vinculados al narcotráfico no solo encendió las alarmas en el plano institucional, sino que también confirmó la existencia de una estructura delictiva que se estaría asentando con fuerza en zonas estratégicas del interior provincial.

El asesinato de dos policías en Río Colorado en 2015, con características mafiosas, aún no fue resuelto y dejó una profunda marca en la comunidad

El epicentro de esta conmoción fue una grabación filtrada en la que se escucha al exintendente Luis “Pato” Campos mantener una conversación con Roque “Chipi” Giménez, un supuesto empresario de la construcción. Esta conversación fue el punto de partida de una causa federal a cargo del fiscal Rafael Vehils Ruiz, que involucra a Campos, a su esposa y legisladora con licencia, Sandra Figueroa, al exsecretario de Hacienda José Roldán y a varios jóvenes vinculados al entorno municipal. La hipótesis principal que guía la investigación es que estas personas podrían integrar una organización orientada al tráfico o comercialización de estupefacientes.

Uno de los puntos clave en la investigación son los frecuentes viajes realizados por algunos de los implicados al Estado Plurinacional de Bolivia. Uno de ellos, realizado el 5 de mayo por el propio Giménez, alimentó las sospechas sobre una posible negociación para el ingreso de cocaína al país. Días después, las autoridades detectaron un flujo de cuatro kilos de esta sustancia: uno de ellos fue hallado en manos de Rodrigo Campos, presunto allegado a Roldán, mientras que los tres restantes estaban en posesión del clan Paradi, grupo con sede en Concepción y fuerte influencia en Alberdi.

El patrón delictivo no se restringe solo a Alberdi. Ciudades como Famaillá, Monteros, Concepción, Aguilares y La Cocha también muestran indicios preocupantes de la expansión narco. Todas ellas están conectadas por rutas claves que no solo facilitan el transporte de drogas, sino que se han convertido en corredores donde el crimen organizado impone su lógica violenta. De hecho, según datos oficiales, durante el presente año ya se incautaron más de 500 kilos de cocaína en la provincia, siendo Tucumán escenario de más de la mitad de esos decomisos.

El fiscal federal Ricardo Toranzos, con asiento en Salta, advierte que calificar a estos territorios como meros “puntos de tránsito” es un diagnóstico superficial. A su juicio, las bandas criminales utilizan estas zonas no sólo como vías de paso, sino también como áreas para distribuir droga de baja calidad y así financiar su paso hacia los grandes centros urbanos, generando al mismo tiempo una contaminación social grave.

Por su parte, el comisario Jorge Nacusse, al frente de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop), afirmó que después de la capital tucumana, el sur provincial es la región con más operativos antidroga. En apenas una semana, se secuestraron cuatro kilos de cocaína en forma de panes, que podrían fraccionarse para producir más de 50.000 dosis individuales de medio gramo cada una. En los municipios del interior, a diferencia de San Miguel de Tucumán donde los puntos de venta están más sectorizados, las redes narco tienen un alcance territorial mucho más amplio, operando en localidades enteras. En ese contexto, la Digedrop ha logrado desmantelar recientemente a los clanes Uñate, Paradi y Campos.

Más allá de la droga, una inquietante cadena de crímenes sin resolver, muchos de ellos con características propias del narcomenudeo o el sicariato, sigue marcando a estas localidades.

En Famaillá, por ejemplo, en marzo de 2015, los policías Ángel Vélez y Alberto Valdez fueron brutalmente asesinados cuando intentaban intervenir en una presunta operación de drogas en Río Colorado. Aunque uno de los responsables, Sebastián Jaime, fue condenado, quedaron cabos sueltos en la investigación vinculados con el entorno del exlegislador Miguel Ángel “Piki” Orellana, cuya familia ejerce fuerte poder político en la zona. Esa parte del expediente nunca prosperó.

En La Cocha, otro hecho estremecedor ocurrió en 2021: Víctor Brito y su hijo fueron ejecutados y el joven, incinerado en su propio vehículo. Todo indica que habrían estado relacionados con la retención de un cargamento de droga. Un sospechoso vinculado a exfuncionarios de Alberdi fue investigado, pero no se hallaron elementos suficientes para imputarlo.

En Monteros, en febrero de 2022, Luis Rodrigo “Chano” de La Vega y su hijo Walter Facundo aparecieron acribillados a balazos en Las Mesadas. Aunque se sospecha un posible ajuste de cuentas vinculado a redes narco, no hay detenidos ni avances sustanciales en la causa.

Alberdi también figura entre los escenarios de crímenes impactantes: en mayo pasado, Carlos “Kokoz” Rodríguez, mano derecha del exfuncionario Roldán, y Elvio Díaz fueron procesados por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos en Orán, Salta, en un hecho claramente relacionado con el narcotráfico y con conexiones hacia Tucumán.

Por último, en Aguilares, se investiga la desaparición de Manuel “Chuky” Zárate, un hombre en situación de calle y consumidor de drogas. Las sospechas apuntan a que fue asesinado por un vendedor local de estupefacientes tras un robo.

A medida que avanzan las investigaciones judiciales y se producen cambios en la conducción política local, en el sur de Tucumán se instala la percepción de que ya nadie está fuera de riesgo ante el avance del narcotráfico y sus conexiones con sectores del poder. La intervención del municipio de Alberdi y el seguimiento judicial sobre sus exfuncionarios parecen marcar un punto de inflexión.

Sin embargo, el panorama dista de ser alentador. Existe la posibilidad latente de que nuevos casos similares al de Alberdi emerjan desde las sombras, dejando al descubierto un entramado de complicidad, silencio institucional y crimen organizado que aún resta desentrañar completamente. La Justicia, mientras tanto, intenta reconstruir este complejo rompecabezas que enlaza intereses políticos, economía ilegal y violencia estructural.