La causa judicial que investiga el presunto abuso sexual en el que se encuentran implicados cuatro futbolistas del club Vélez Sarsfield volvió a verse interrumpida por un nuevo obstáculo procesal. En esta ocasión, la fiscala a cargo del expediente, Adriana Reinoso Cuello, presentó formalmente su inhibición para continuar al frente de la investigación. Esta decisión obligó a suspender la audiencia clave que debía realizarse este viernes, una instancia que había generado grandes expectativas tanto en la querella como en las defensas.
El caso, que se inició en marzo de 2023, surgió a partir de la denuncia de una joven que aseguró haber sido víctima de abuso sexual en Tucumán. Desde entonces, el expediente ha transitado por una sucesión de demoras, recusaciones y controversias judiciales que han dificultado su avance hacia la etapa de juicio. Con la inhibición de Reinoso Cuello, el Ministerio Público Fiscal deberá designar a un nuevo fiscal o fiscala, quien deberá ponerse al día con una causa voluminosa, plagada de incidentes procesales y pericias técnicas cuestionadas.
Una audiencia suspendida que agrava los retrasos
La audiencia que estaba prevista para este viernes era considerada determinante para el futuro de la causa, ya que la querella —integrada por los abogados Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti— había solicitado la nulidad de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de los imputados. Según los representantes de la víctima, el análisis del contenido digital habría sido efectuado con criterios de búsqueda no autorizados judicialmente, lo que, a su entender, vulnera el derecho a la privacidad y podría invalidar pruebas fundamentales.
Las defensas de los futbolistas, por su parte, rechazaron el pedido de nulidad y esperaban que el tribunal ratificara la validez del procedimiento. Sin embargo, el debate quedó trunco tras la presentación de la inhibición de la fiscala, lo que deja nuevamente al expediente en un estado de incertidumbre y suma un nuevo capítulo a las dilaciones que han caracterizado este proceso judicial.
Un caso plagado de obstáculos institucionales
La investigación originalmente estuvo a cargo de la fiscala María Eugenia Posse, quien fue luego trasladada al Centro Judicial de Monteros. Su reemplazante fue Reinoso Cuello, quien ahora pidió apartarse de la causa. Durante su gestión, el expediente fue declarado de “causa compleja”, lo que extendió los plazos de instrucción hasta marzo de 2026. Sin embargo, los retrasos en la producción de pruebas —especialmente en el peritaje de los teléfonos, cuyos resultados tardaron casi un año en completarse— y las reiteradas recusaciones de funcionarios judiciales han dificultado el avance de la investigación.
Según fuentes judiciales, la fiscala habría tomado la decisión de apartarse tras sentirse afectada por críticas públicas hacia su desempeño, aunque los motivos formales de su inhibición no fueron revelados, dado que la audiencia correspondiente se realizó a puertas cerradas. Ahora, la solicitud fue elevada a la Fiscalía Regional, que deberá resolver si acepta o no el apartamiento. Todo apunta a que la inhibición será aceptada, lo que implicará la designación de un nuevo funcionario a cargo del expediente, quien deberá retomar desde cero buena parte del análisis y redefinir la estrategia investigativa.
Las falencias del sistema judicial tucumano
El periodista Gustavo Rodríguez, especialista en temas judiciales y de seguridad del diario La Gaceta, advirtió que lo ocurrido en la causa Vélez vuelve a dejar en evidencia las deficiencias estructurales del sistema judicial de Tucumán. “La falta de recursos técnicos, la demora en las pericias y la carencia de gabinetes especializados generan cuellos de botella en las investigaciones de abuso sexual”, explicó.
Rodríguez señaló además que el Ministerio Público Fiscal no cuenta con un gabinete psicológico propio para realizar las entrevistas bajo el protocolo de Cámara Gesell, por lo que se depende de profesionales del sistema público de salud, quienes ya están sobrecargados de trabajo. “Los procesos judiciales deberían resolverse en seis meses, con una única prórroga posible en causas complejas, pero este expediente ya lleva más de un año y medio, con múltiples interrupciones y sin una definición clara”, subrayó.
Un conflicto que pone en cuestión la confianza institucional
Más allá del caso puntual, este nuevo episodio reaviva el debate sobre la transparencia, la eficiencia y la independencia del Poder Judicial tucumano. “Cuando se acumulan inhibiciones, recusaciones o demoras sin explicaciones convincentes, lo que está en riesgo no es solo un expediente, sino la credibilidad misma del sistema judicial”, remarcó Rodríguez.
El caso Vélez, que en sus inicios tuvo una gran repercusión mediática por involucrar a jugadores profesionales, se ha transformado con el paso del tiempo en un símbolo de las tensiones entre las demandas de justicia de las víctimas y las garantías de los acusados, en un contexto institucional debilitado.
Por el momento, la Justicia deberá definir si acepta la inhibición de la fiscala Reinoso Cuello y quién será el nuevo funcionario que se hará cargo de la causa. Mientras tanto, el expediente continúa detenido, sumando otro retraso a una investigación que parece no encontrar aún su rumbo ni su desenlace judicial.