El centro de la banda de gendarmes que aceptaba sobornos para permitir el contrabando estaba ubicado en Tucumán

Mientras continúa la investigación, surgen más detalles sobre la conexión entre miembros de Gendarmería Nacional y contrabandistas que ingresan mercancías ilegalmente a través de la frontera norte de Argentina. Recientemente, se ha revelado la magnitud de la operación ilícita, que involucra a efectivos de diversas localidades del norte, con Tucumán como su centro neurálgico.

Hace un año, contrabandistas anónimos informaron que los gendarmes estaban cobrando montos excesivos en una especie de «aduana paralela», que, a diferencia de la aduana oficial, funcionaba con sorprendente eficacia al permitir el regreso de vehículos cargados desde el norte. Este esquema se evidenció en agosto, cuando un incidente involucró un autobús de compras en Trancas, donde los pasajeros se enfrentaron a los gendarmes que intentaban inspeccionar el vehículo. Las sospechas de que transportaban drogas se confirmaron al descubrir que la carga contenía marihuana, y posiblemente cocaína, que los contrabandistas lograron ocultar en medio del desorden. “Ya pagamos lo que debíamos haber pagado”, se escuchó en videos que se viralizaron y que se integraron como pruebas en el expediente judicial.

Los fiscales federales Agustín Chit (Tucumán) y Carlos Amad (Salta), al darse cuenta de que sus investigaciones se entrelazaban, decidieron formar un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), lo que les permitió coordinar sus esfuerzos y compartir información clave. Las autoridades de Salta han procesado a ocho gendarmes acusados de cohecho. Según las indagaciones, en el puesto de El Naranjo, ubicado a 18 kilómetros de Rosario de la Frontera, estos gendarmes cobraban entre $3,000 y $7,000 a los contrabandistas para no someterlos a revisiones. En la audiencia donde se solicitó la prisión preventiva para estos ocho gendarmes, el representante del Ministerio Público estimó que podrían haber recaudado al menos $1 millón diariamente.

Sin embargo, los investigadores afirman que en Tucumán se encuentra la «madre de los arreglos». La complejidad de la operación y la cantidad de involucrados llevaron a los fiscales a considerar que, a cambio de al menos $400,000 por autobús, los gendarmes permitían el paso sin ningún tipo de molestia, lo que indica que el acuerdo abarcaba también otros diez puntos de control entre Orán y Tucumán.

Los gendarmes arrestados incluyen a Exequiel López, Ángel Mendoza, Cristian Amarilla, Arnaldo Viravica, José Ortiz, Darío Ávalos, Rodrigo Agüero, Enrique Luque, Sergio Vilte, Maira Gabriela Mamaní y Lucas Córdoba. Todos enfrentan cargos por formar parte de una asociación ilícita que cobró coimas, violando claramente sus deberes como funcionarios públicos.

Parece que uno de los gendarmes actuaba como intermediario entre quienes pagaban los sobornos y sus colegas, entregando dinero para permitir el paso de autobuses repletos de mercadería ilegal a través de la región, además de Tucumán. Esta cadena delictiva se ha comprobado gracias a que el fiscal Chit, con las órdenes judiciales correspondientes, reveló los movimientos financieros involucrados.

Detrás de estas operaciones están los organizadores, conocidos como coordinadores, quienes organizaban a los contrabandistas para que pudieran pagar los sobornos y pasar sin contratiempos. Entre los detenidos están Neri Cristian Calle, María Cristina Uzieda Lozada, pareja de un conocido organizador de tours de compras, y Manuel Lazarte, responsable del autobús que se incendió en Trancas y relacionado con la excursión en la que se incautaron 61 kilos de marihuana. Además, al menos cinco personas más son buscadas por su implicación en estos delitos.

Representado por los abogados Aníbal Paz y Jesús Ruiz Flores, uno de los acusados decidió no declarar, a diferencia de la mayoría de los imputados. Las pruebas comenzaron a surgir tras las aportaciones de agentes encubiertos en la causa y la entrega de los códigos de desbloqueo de los teléfonos celulares de los acusados para su análisis.

Otra parte de la red criminal incluye a quienes recibían los sobornos en nombre de terceros, ya sea a través de billeteras virtuales o en efectivo. Esta situación llevó al arresto de Emma del Valle Olivera, madre del gendarme López, cuando durante un allanamiento en el marco del Operativo Dignidad, se incautaron $30 millones en efectivo en su domicilio. Aún hay otro sospechoso intensamente buscado por realizar funciones similares en otra área de este entramado delictivo.

Se especula que en los próximos días, algunos defensores podrían aceptar que sus clientes aporten pruebas para mejorar su situación procesal, ya que varios estarían dispuestos a colaborar con la investigación, argumentando que no formaban parte de ninguna organización ilícita, aunque la realidad muestra que estaban involucrados en el pago de sobornos para continuar con una actividad que, aunque parece habitual debido a su prolongada duración, sigue siendo ilegal.