El fiscal elevó los cargos y el oficial podría recibir entre 8 y 25 años de prisión por balear y matar a Thiago

Tras prestar su declaración, la situación legal del oficial de la Policía Federal, Facundo Daniel Aguilar Fajardo, se complicó notablemente. El fiscal de homicidios de La Matanza, Diego Rulli, elevó la acusación inicial, pasando de imputarlo por homicidio culposo a hacerlo por “homicidio con dolo eventual”. Esta figura implica que, aunque el disparador no haya tenido la intención directa de matar, sí asumió el riesgo de provocar una muerte al actuar de esa manera – como en este caso al realizar 11 disparos en una avenida pública, a una hora con circulación peatonal.

En su indagatoria, el oficial explicó: “Fue cuestión de segundos, no hubo tiempo de pensar. Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo…”. Sin embargo, el fiscal consideró que esa ráfaga de disparos y el contexto (una avenida transitada) refuerzan la figura de dolo eventual, que implica penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El tiroteo ocurrió cuando Aguilar Fajardo, fuera de servicio y de franco, fue abordado por cuatro delincuentes mientras esperaba un colectivo en Ciudad Evita. Uno de esos disparos mató al niño Thiago Correa, de 7 años, que estaba a unos 180 metros con su padre.

Asimismo, la calificación legal se amplió más allá del homicidio: también se investigan los tiros efectuados contra los presuntos asaltantes, en algunos casos mientras huían, lo que pudo haber excedido lo que se considera legítima defensa.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reiteró su respaldo al policía, afirmando que su accionar respondía a una situación desesperante: “La acción del policía fue de legítima defensa… Los delincuentes son los únicos responsables… tendrán que pagar con prisión perpetua”.

En resumen, la imputación del fiscal Rulli ha transformado el caso de homicidio culposo en uno mucho más grave —homicidio con dolo eventual— con penas máximas de hasta 25 años de prisión, dejando a presentarse una profundización del debate judicial y público sobre los límites de la defensa policial y el uso de armas en espacios públicos.