Policiales

El Gobierno provincial responsabiliza a un dirigente social por el robo de 5200 kilos de mercadería

El Gobierno provincial ha decidido involucrarse activamente en la investigación judicial relacionada con el descubrimiento de 5.200 kilos de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social que fueron encontrados almacenados en una vivienda del barrio Manantial Sur. Este hallazgo ha generado un gran revuelo, y la administración liderada por el gobernador Osvaldo Jaldo busca ser admitida como querellante en la causa para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

Por instrucción directa de Jaldo, la Fiscalía de Estado, encabezada por Gilda Pedicone, presentó un escrito ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal. En este documento se solicita formalmente el reconocimiento del Gobierno como querellante en el caso, lo que le otorgaría facultades para intervenir activamente en el proceso judicial. La denuncia está dirigida contra un dirigente barrial y contempla posibles delitos como peculado, fraude contra la administración, asociación ilícita y cualquier otro que pudiera surgir en el transcurso de las investigaciones.

Jaldo, al ser consultado por los medios, subrayó la importancia de esclarecer el caso y reiteró que la justicia tiene plena autonomía para llevar adelante las indagaciones. «Este asunto está en manos de la Justicia, pero queremos que los responsables sean identificados, caiga quien caiga», afirmó el mandatario. También enfatizó el compromiso del Gobierno de buscar una resolución rápida y contundente del caso.

El escrito presentado por el abogado José María Molina, quien actúa como representante legal del Poder Ejecutivo, detalla que el propósito principal de esta acción es ejercer las atribuciones que otorga el rol de querellante. Estas facultades permitirían al Gobierno contribuir activamente en la recopilación de pruebas para demostrar la comisión de los delitos y determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

En el documento también se describen los eventos que dieron origen a la causa. Todo comenzó con una denuncia por violencia de género que llevó a las autoridades a realizar un allanamiento en el barrio 2.500 Viviendas de Manantial Sur. Durante este operativo, se descubrieron grandes cantidades de alimentos, muchos de los cuales estaban etiquetados con la leyenda «prohibida su venta». Entre los bienes encontrados había productos básicos como harina, leche en polvo y aceite de girasol, destinados originalmente a atender necesidades sociales específicas.

El Gobierno argumenta que su legitimidad para participar en esta causa judicial se basa en diversas razones legales y éticas. Por un lado, destaca que la mercadería confiscada es propiedad del Estado y tiene un destino claro: asistir a sectores vulnerables de la población. Por otro lado, se pone de relieve el daño causado al interés público y la violación de derechos sociales fundamentales al sustraer estos bienes. En este sentido, el documento menciona el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que establece la obligación del Estado de garantizar el bienestar de la población.

La investigación ha señalado a un dirigente social como una figura clave en el caso. Su vínculo con los alimentos confiscados se estableció a través de una orden de entrega que llevaba su nombre y número de documento. Este remito, fechado el 20 de noviembre, indicaba que los productos estaban destinados al Movimiento Provincial Tucumán (MPT), con sede en Alderetes. Sin embargo, las autoridades descubrieron que la cantidad de alimentos encontrados en la vivienda superaba ampliamente lo indicado en el documento. Esto ha llevado a los investigadores a sospechar que podría tratarse de un acopio que involucra a más de una organización barrial.

Detalle de la mercadería confiscada

En el operativo, se decomisaron los siguientes productos:

  • 1.170 kilos de harina, almacenados en fardos.
  • 45 cajas de leche en polvo.
  • 810 kilos de azúcar.
  • 160 kilos de lentejas.
  • 1.065 paquetes de fideos para guiso.
  • 414 kilos de puré de tomate, distribuidos en 828 cajas.
  • 641 botellas de aceite de girasol de 900 cc cada una.
  • 848 kilos de arroz, también en fardos.
  • 1.204 kilos de yerba mate.

Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de reforzar los controles sobre la distribución de bienes destinados a la asistencia social y resalta el compromiso del Gobierno de perseguir judicialmente a quienes se aprovechen de estos recursos en detrimento de los sectores más vulnerables.

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