El juez ignoró al fiscal y liberó al guardiacárcel que mató a un ladrón

Después de una extensa audiencia que se prolongó durante más de cuatro horas, Lucas Eduardo Gaitán Soraire, agente penitenciario, obtuvo su libertad bajo ciertas condiciones de conducta, pese a estar imputado por homicidio y tentativa de homicidio en un hecho violento ocurrido en la zona del Parque Guillermina. Aunque quedó en libertad, el proceso judicial continúa en marcha y en los próximos meses el Ministerio Público Fiscal deberá recolectar más pruebas para definir si el caso avanza hacia un juicio oral o si el acusado es absuelto de los cargos.

Las imputaciones que pesan sobre Gaitán Soraire lo vinculan con la muerte de Nelson Lautaro Pérez, de 20 años, así como con las heridas de bala que sufrió un adolescente de 15 años, identificado con las iniciales V.I.M., cuando intervino en un asalto contra un sacerdote.

El expediente se encuentra en manos de la Fiscalía de Homicidios II, dirigida por Carlos Sale, quien decidió acusar al agente por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y tentativa de homicidio agravada, bajo la figura de exceso en la legítima defensa. No obstante, el juez Bernardo L’Erario Babot tomó una decisión distinta al concederle la libertad, tras considerar los argumentos de su defensa.

El incidente ocurrió el martes pasado alrededor de las siete de la mañana en la calle San Martín al 3800. Según la reconstrucción de la fiscalía, tres individuos a bordo de una motocicleta interceptaron al sacerdote José Abuín y le robaron su bicicleta. En su declaración, la víctima del robo señaló que, si bien no vio que los asaltantes esgrimieran un arma, uno de ellos hizo un gesto que podría interpretarse como una amenaza, insinuando que tenía un objeto escondido.

Fue en ese momento cuando Gaitán Soraire, quien se encontraba en una vivienda cercana, presenció el asalto y decidió intervenir. De inmediato, tomó su motocicleta y persiguió a los jóvenes, identificándose como policía, de acuerdo con el testimonio de algunos testigos. En medio de la persecución, los sospechosos abandonaron la bicicleta y emprendieron la huida, instante en el que el imputado efectuó al menos dos disparos con una pistola que, según la fiscalía, no estaba debidamente autorizada.

Uno de los disparos impactó en Pérez, quien perdió la vida minutos después en plena vía pública, mientras que otro proyectil alcanzó al adolescente de 15 años, quien logró escapar y posteriormente fue trasladado al Hospital Padilla, donde quedó internado sin riesgo vital.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Miguel Fernández sostuvo que la reacción de Gaitán Soraire fue desmedida, superando los límites de la legítima defensa. «No hay elementos que indiquen que los presuntos asaltantes hayan mostrado un arma o que hayan apuntado con una. En el momento de los disparos, los sospechosos ya habían dejado la bicicleta y estaban en fuga, por lo que no existía una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal», argumentó el funcionario.

Por su parte, el abogado defensor del imputado, Javier Lobo Aragón, rechazó esa postura y defendió la acción de su cliente, alegando que actuó conforme a su deber y en una situación de peligro inminente. «Mi representado presenció un robo y escuchó disparos. Su respuesta fue la que cualquier miembro de una fuerza de seguridad habría tenido. Hoy se encuentra detenido por haber actuado correctamente», señaló el letrado.

En su intervención, el propio Gaitán Soraire brindó su versión de los hechos y manifestó que nunca tuvo la intención de causar una muerte. «Me formaron para servir y proteger. Si hubiese visto que alguno de ellos caía herido, también le habría prestado asistencia», afirmó el acusado.

A pesar de que el Ministerio Público Fiscal había solicitado que el imputado permaneciera bajo arresto domiciliario durante cuatro meses para evitar cualquier posibilidad de entorpecer la investigación, el juez L’Erario Babot resolvió concederle la libertad bajo normas de conducta, accediendo así al pedido de la defensa.

Los abogados querellantes, Manuel Pedernera, representante de la familia de Pérez; Atilio Juárez, abogado del menor herido; y Luz Corbalán, defensora de Niñez, habían solicitado que el acusado permaneciera en prisión preventiva dentro de una unidad penitenciaria, argumentando que existía el riesgo de fuga y la posibilidad de que manipulara testimonios. Sin embargo, sus planteos fueron desestimados.

El expediente judicial sigue su curso y en los próximos meses se definirá si el caso avanza hacia una instancia de juicio oral o si el acusado es exonerado de los cargos. Mientras tanto, la resolución judicial generó una fuerte controversia en la sociedad, avivando el debate sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y los límites en el uso de la violencia en situaciones delictivas.

El caso ha provocado una polarización en la opinión pública. Por un lado, hay quienes defienden la actuación de Gaitán Soraire y critican lo que consideran un castigo injusto contra quienes intentan proteger a la comunidad. Por otro lado, están quienes advierten sobre los riesgos de que agentes de seguridad actúen fuera del marco legal y sin respetar los protocolos establecidos.

La Justicia tendrá la última palabra en este caso.