El ex gobernador tucumano José Alperovich, quien fue hallado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su sobrina, fue beneficiado recientemente con el régimen de prisión domiciliaria. Esta decisión se conoció pocos días después de haberse cumplido un año desde su ingreso al Penal de Ezeiza, donde cumplía condena desde junio de 2024. La medida fue tomada por el juez Juan Ramos Padilla, el mismo magistrado que dictó la sentencia a 16 años de prisión efectiva por múltiples episodios de abuso sexual.
La resolución judicial establece que el traslado del condenado a su nuevo lugar de detención —un exclusivo departamento de su propiedad en el barrio porteño de Puerto Madero— se concretaría este jueves. Esta locación no es menor: fue precisamente uno de los sitios mencionados en la causa como escenario de los primeros abusos denunciados por la víctima.
En el documento oficial, el juez dejó en claro que esta decisión no debe interpretarse como un favor personal ni una señal de indulgencia. Ramos Padilla afirmó que se trata de una atribución legal otorgada en función del cumplimiento de ciertos requisitos objetivos, y no por influencia política, económica o social. “Es mi deseo que Alperovich entienda que ni su poder ni sus recursos económicos pueden garantizarle impunidad ni prerrogativas indebidas ante la Justicia”, expresó con firmeza en los fundamentos del fallo.
Hasta la fecha, la Justicia había rechazado en dos ocasiones anteriores los pedidos para reducir las condiciones de su detención, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios. Dichas resoluciones fueron respaldadas por la Cámara Nacional de Casación Penal.
Para acceder a la prisión domiciliaria, Alperovich debió cumplir con estrictas condiciones impuestas por el tribunal. Entre ellas, se le exigió el pago de una caución real por un monto de 400 millones de pesos. Además, deberá utilizar una tobillera electrónica de monitoreo continuo, lo que permitirá a las autoridades seguir todos sus movimientos dentro del domicilio autorizado.
El juez también dictó la prohibición absoluta de contacto con la víctima —identificada en el expediente como MFL— y con cualquier integrante de su círculo íntimo, a través de cualquier medio: ya sea en persona, por teléfono, redes sociales o intermediarios. Asimismo, se le ordenó abstenerse de realizar declaraciones públicas, entrevistas o cualquier tipo de publicación que directa o indirectamente pudiera perjudicar a la denunciante o a su entorno familiar.
En el último tiempo, se registraron manifestaciones públicas de personas allegadas a Alperovich que fueron interpretadas como una forma de presión mediática y social sobre la denunciante y sobre el proceso judicial en general. Entre quienes realizaron estas intervenciones estuvieron sus hijos, su ex esposa —la ex senadora Beatriz Rojkes de Alperovich— y Marianela Mirra, quien fuera presentada en algunos medios como su pareja. Según la periodista Celina de la Rosa, estas declaraciones apuntaban a desacreditar la legitimidad de la condena y a instalar un discurso de victimización del ex mandatario, lo cual fue también observado por el tribunal.
Ramos Padilla, en los fundamentos del fallo que otorgó la prisión domiciliaria, elogió la actitud de la víctima a lo largo del proceso judicial. Subrayó que su comportamiento estuvo guiado por la firme búsqueda de justicia, sin dejarse llevar por el resentimiento o el deseo de venganza, lo que, a su criterio, fortalece aún más la legitimidad del fallo.
La condena que pesa sobre Alperovich se sustenta en nueve hechos comprobados de abuso sexual. De estos, seis fueron con acceso carnal y tres en grado de tentativa, todos cometidos bajo una situación de desigualdad y abuso de poder, tanto por el lazo familiar como por la posición política que el acusado ostentaba al momento de los delitos.
Aunque fue sentenciado, el proceso judicial aún no ha concluido en su totalidad, ya que se encuentra a la espera de la instancia de apelación y revisión por parte de un tribunal superior. Mientras tanto, Alperovich deberá permanecer en su domicilio, bajo control electrónico y sujeto a una supervisión judicial estricta, en tanto se define su situación en los próximos meses.