Un antiguo negocio informal de compra y venta de cabello, que se ha practicado durante mucho tiempo por motivos estéticos, se transformó de manera repentina en un tema controversial, generando un amplio debate en las redes sociales y hasta involucrando a la Policía de Tucumán. Esto se debió a la aparición de supuestos compradores, presuntamente de origen paraguayo, que ofrecían dinero a cambio del cabello de menores de edad, lo que encendió las alarmas entre la población.
A diferencia de los peluqueros que solían buscar cabello para confeccionar extensiones, como era la práctica común en este tipo de comercio, los nuevos compradores no se relacionaban con esta actividad. Según una investigación realizada por la Policía, desde mediados del año, personas provenientes de Paraguay comenzaron a recorrer los barrios más empobrecidos de localidades como Alderetes, Yerba Buena, Banda del Río Salí, Las Talitas y la capital de Tucumán, en busca de cabello humano, una materia prima que consideran sumamente valiosa.
En muchas ocasiones, estos compradores no actúan directamente, sino que contratan a intermediarios, a quienes les pagan una comisión por conseguir clientes potenciales en zonas de difícil acceso, incluso para las propias fuerzas de seguridad. Además, colocan carteles en lugares frecuentados por la comunidad, como paradas de ómnibus y pequeños comercios barriales, ofreciendo la compra de cabello a través de un número de contacto de WhatsApp con característica local.
Las negociaciones giran en torno a la compra de cabello de niños y adolescentes, ofreciendo sumas que oscilan entre $60.000 y $100.000, dependiendo de la longitud, cantidad y calidad del cabello. Aunque inicialmente esta práctica se percibía como una actividad irregular, no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en una fuente de preocupación. El punto de quiebre ocurrió cuando una mujer denunció en la comisaría de Alderetes que una pareja de paraguayos llegó a su hogar con la intención de comprar el cabello de sus dos hijas, tras haberlas visto jugar frente a la vivienda.
Según la denunciante, al rechazar la oferta, la pareja le habría advertido que, de no aceptar, se llevarían a las niñas por la fuerza. El caso rápidamente se hizo público, provocando una ola de temor en la comunidad. Sin embargo, las autoridades policiales que intervinieron en la situación desmintieron estas amenazas, afirmando que el incidente había sido malinterpretado.
Fuentes policiales sugirieron que el conflicto podría haber comenzado cuando los compradores, alegando que el cabello de las niñas no cumplía con la calidad que esperaban, decidieron ofrecer una suma menor a la acordada inicialmente a través de un intermediario. Esta situación llevó a la madre de las menores a presentar la denuncia.
Días después, la Policía localizó el vehículo mencionado por la denunciante en el puesto fronterizo Cabo Valentín Jiménez, en dirección a Santiago del Estero. El automóvil fue detenido mientras se aguardaban instrucciones sobre el curso de la investigación. Posteriormente, la fiscal Mariana Rivadeneira ordenó que se identificara a los ocupantes del vehículo y se determinara su lugar de residencia. Al investigar, se constató que vivían en una provincia vecina y que efectivamente estaban involucrados en la compra de cabello.
La situación en Alderetes generó una creciente preocupación, llegando incluso a un estado de psicosis entre los vecinos, especialmente después de que comenzaran a circular en redes sociales fotografías de un automóvil gris con matrícula paraguaya recorriendo la ciudad. Esta situación llevó al propietario del vehículo, un ciudadano paraguayo, a presentarse voluntariamente ante las autoridades, manifestando su disposición a colaborar con la justicia. Allí se le informó que no estaba bajo ninguna investigación por delito, y se le sugirió que denunciara cualquier situación derivada de la viralización de la información de su vehículo.
La fiscal Rivadeneira supervisó todas las denuncias y situaciones que se presentaron en relación con este tema, pero no tomó medidas concretas al no identificar ningún delito en curso. Sin embargo, recomendó a la Policía mantenerse vigilante ante cualquier incidente que pudiera surgir.
Varios abogados se mostraron de acuerdo con la perspectiva de la fiscal, considerando que no se había cometido ningún ilícito. No obstante, algunos otros especialistas en derecho señalaron una posible contradicción con la Declaración de Derechos Humanos, ya que esta condena la venta de partes del cuerpo humano por razones económicas, lo que podría considerarse un problema ético y legal en este contexto.