Una denuncia presentada en Famaillá, que involucra presuntos casos de cohecho, extorsión y armado de causas vinculadas al jefe de la comisaría local, derivó en un allanamiento judicial donde se incautó una gran cantidad de pruebas, incluyendo más de $8 millones en efectivo que se hallaban en la vivienda del principal sospechoso.
El conflicto se originó tras la acusación de una mujer, quien relató que efectivos policiales ingresaron a su domicilio sin mostrar ninguna orden judicial, le exigieron sumas millonarias para “arreglar” la situación legal de su pareja, plantaron evidencia y retuvieron una pistola registrada a su nombre. Ante estos hechos, un juez ordenó el allanamiento del domicilio del comisario, secuestrando dispositivos electrónicos, documentación y dinero clave para la causa.
Según el relato de la denunciante, el incidente comenzó el 6 de noviembre de 2024, cuando policías de la comisaría de Famaillá irrumpieron violentamente en su casa en el barrio Nueva Baviera. La mujer indicó que los efectivos la sacaron junto con su familia al patio y un terreno contiguo, sin mostrar orden judicial alguna. Dentro de la vivienda quedaron su pareja y los hijos menores, bajo intensa presión. Durante el operativo, uno de los uniformados manipuló objetos en el baño, lo que provocó que su pareja gritara alertando que estaban “plantando algo”. Aunque los policías afirmaron buscar a un sospechoso de hurto apodado “Pañal”, posteriormente se comprobó que el operativo no tenía relación con la detención del imputado, quien fue arrestado en otro lugar ese mismo día.
La denunciante aseguró que los policías buscaban elementos como perfumes y un termo que ella negó poseer, pero el episodio se agravó cuando el comisario le exigió inicialmente $5 millones para no complicar la situación legal de su pareja, quien estaba en prisión domiciliaria por un caso de narcotráfico. Al no poder reunir esa suma, el monto se redujo a tres millones y, según la denuncia, le sugirió que su pareja debería “vender droga” para él. La mujer indicó que entregó parte del dinero directamente al comisario, supervisada por una abogada, y que su arma registrada, una Firestorm 380, desapareció en el proceso.
Días más tarde, fue citada en la vía pública para entregar otra parte del dinero. La reunión fue documentada en video por un testigo y el material, junto con audios, capturas y registros electrónicos, fue incorporado al expediente por la fiscala Mónica García de Targa. Este conjunto de pruebas permitió observar movimientos de los policías, la intervención de la abogada y las declaraciones de la denunciante señalando al jefe policial.
Un año después, el juez Mario Velázquez evaluó el expediente y, si bien advirtió sobre una formalidad procesal —la requisitoria fiscal había sido firmada por un auxiliar y la Constitución provincial prohíbe delegaciones—, consideró que había suficientes elementos para sospechar de un delito y autorizó un allanamiento amplio en la vivienda del comisario. La intervención estuvo a cargo de la Policía Federal en Concepción y permitió secuestrar notebooks, teléfonos, pendrives, un DVR, vehículos, objetos personales y más de $8 millones. La pistola de la denunciante, sin embargo, no fue hallada.
Además, Velázquez ordenó un oficio a Whatsapp Inc. en California para obtener información de los usuarios de los teléfonos incautados, incluyendo registros de mensajes, direcciones IP, fechas, horas y husos horarios, los cuales serán analizados por la Unidad Fiscal. Actualmente, la investigación avanza bajo la hipótesis de la existencia de una posible red de corrupción policial, y hasta el momento el Ministerio de Seguridad provincial no se ha pronunciado al respecto.