Un hombre de 49 años ha sido acusado de realizar múltiples compras en diversos comercios utilizando tarjetas de crédito adulteradas, un delito cometido mediante la técnica conocida como «skimming». Este método permite clonar los datos de las tarjetas de otros usuarios para hacer compras fraudulentas. El imputado permanecerá bajo arresto domiciliario durante los próximos 30 días mientras continúa la investigación y las autoridades trabajan para dar con su cómplice, quien aún se encuentra prófugo.
La investigación está siendo dirigida por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, encabezada por el fiscal Carlos Saltor. De acuerdo con la teoría del caso, entre el 1 de marzo y el 10 de mayo de 2023, el acusado, junto con su hermano, realizó una serie de compras en distintos establecimientos. Entre los lugares donde se realizaron las transacciones fraudulentas se encuentran estaciones de servicio como «La Garsa» en la autopista Perón y Circunvalación, «Car Gas SA» en la avenida República de Siria, «Oasis IV» en la Ruta Nacional 9, y «Nikon» en la avenida Alfredo Guzmán, entre otros. En total, el hombre compró artículos por un monto de $1.000 en cada establecimiento, con algunas excepciones donde el monto de las compras fue mayor, como en “Motos Sáenz Peña” donde se gastaron $8.970, o en «Cooperativa de Trabajo Agua Viva» donde se registraron compras por un total de $28.318.
El impacto económico de las compras fraudulentas realizadas por los hermanos se estima en alrededor de $51.539, cantidad que fue absorbida por la entidad emisora de las tarjetas clonadas. La auxiliar fiscal Jessie Luz García presentó estos datos en la audiencia y detalló que las transacciones fraudulentas provocaron un daño patrimonial considerable.
Durante la audiencia, el hombre fue formalmente acusado de defraudación mediante el uso indebido de tarjetas de compra. Tras presentar las pruebas en su contra, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impusiera una medida cautelar de 30 días de prisión preventiva. Sin embargo, la defensa del acusado se opuso a esta solicitud y argumentó que se le deberían imponer reglas de conducta en lugar de la detención. Finalmente, la jueza encargada del caso resolvió parcialmente a favor del Ministerio Público Fiscal y dictó el arresto domiciliario del imputado por un periodo de 30 días, mientras continúa la investigación y se trata de ubicar al hermano del acusado, quien sigue siendo buscado por la justicia.