La legisladora peronista Maia Martínez impulsó una iniciativa parlamentaria cuyo propósito es establecer un régimen de sanciones contravencionales dirigido a padres, madres o tutores cuyos hijos protagonizan episodios de violencia o acoso dentro de instituciones educativas de Tucumán. La propuesta plantea que los adultos responsables respondan por la falta de supervisión y de acompañamiento cuando los menores se vean involucrados en hechos agresivos dentro del ámbito escolar.
El proyecto incorpora el “Capítulo V: Contravención por responsabilidad parental en el ámbito escolar” dentro de la Ley 5.140. En esta nueva sección se prevén multas económicas y tareas comunitarias como castigo para los progenitores que, habiendo sido informados por autoridades escolares o por organismos de protección del niño, no implementen acciones preventivas, no cooperen con los protocolos institucionales o no asuman la reparación correspondiente. Las sanciones económicas oscilarían entre el valor de 450 y 1.500 litros de nafta premium, y las tareas comunitarias o educativas podrían extenderse hasta 30 jornadas.
Según explica la iniciativa, la responsabilidad de los adultos está definida por la Ley Provincial de Educación, que exige cumplir diversas obligaciones: participar en instancias institucionales, asistir a reuniones convocadas por las escuelas y garantizar que sus hijos respeten las normas de convivencia.
El texto aclara que la escuela será el primer lugar de intervención, aplicando el Protocolo de Situaciones Escolares Complejas. En caso de que los responsables no respondan, no cumplan los acuerdos o no colaboren con las medidas solicitadas, la situación será elevada al Juzgado Contravencional. Los fondos obtenidos de las multas se destinarán al Fondo Educativo Provincial, con el fin de financiar programas de prevención y asistencia en conflictos escolares, además de apoyar a bibliotecas populares.
El proyecto también señala excepciones: no alcanzará a adultos que hayan perdido la responsabilidad parental, que no tengan el cuidado personal del menor o que estén bajo restricciones judiciales que limiten su participación.
La presentación de Martínez ocurre en un contexto atravesado por diversos casos recientes de violencia entre estudiantes, entre ellos el ataque a una adolescente de 13 años en una escuela de Alderetes, hecho que reactivó el debate sobre la participación de las familias en la prevención de estos conflictos. Tras este episodio, el gobernador Osvaldo Jaldo remarcó que el Estado y las familias deben trabajar de manera conjunta, ya que el sistema educativo no puede controlar por completo las dinámicas de todos los alumnos. “Necesitamos la ayuda del papá y de la mamá. Esto hay que resolverlo desde la casa”, expresó.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, coincidió en la necesidad de un acompañamiento diario por parte de los adultos y alertó sobre señales preocupantes entre adolescentes, mencionando consumos problemáticos, adicción a juegos y un “índice de suicidios importante”. Además, resaltó que más de 600 establecimientos educativos ya participan en programas de mediación y prevención de violencia.
En este escenario, la propuesta legislativa busca establecer con claridad la responsabilidad de padres y tutores cuando se determine negligencia, falta de cooperación o incumplimiento de los deberes que les corresponden, dejando cada caso sujeto a la evaluación de la autoridad contravencional correspondiente.