Imputan a una acompañante terapéutica que fingía ser psicóloga y atendía a una menor

En una audiencia celebrada este miércoles, bajo la conducción del titular de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, Diego Hevia, se examinaron los hechos atribuidos a la directora de un centro terapéutico educativo y a su empleada, quien trabajaba como acompañante terapéutica. La auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, detalló que la responsable del centro, una licenciada en psicología, enfrenta cargos por usurpación de títulos y honores en concurso ideal con estafas, mientras que la acompañante terapéutica es acusada de simular la profesión, dado que aún no ha completado todas las materias necesarias para recibirse de psicóloga.

Briz Tomás explicó que desde 2022 hasta febrero de 2025, la directora del centro, que primero operaba en calle Santa Fe y luego en Don Bosco, ofreció servicios de terapia psicológica a una menor diagnosticada con autismo durante la infancia, pese a no contar con la habilitación ni matrícula vigente del Colegio de Psicólogos, la cual había quedado inactiva desde noviembre de 2024. Según la fiscal auxiliar, la directora elaboraba y firmaba informes iniciales y evolutivos de tratamiento, firmando y sellando documentos como psicóloga, lo que constituía una violación de las disposiciones colegiadas vigentes.

En su declaración, la directora intentó matizar la situación señalando que el centro no funcionaba formalmente como un centro terapéutico educativo, sino como un equipo multidisciplinario compuesto por distintos profesionales, mientras que la acompañante terapéutica aseguró no haber firmado ningún informe como psicóloga.

El padre de la menor también expresó su preocupación y disconformidad: “Pusieron una persona que no está habilitada y no tomaron conciencia de eso porque siguieron trabajando como si nada. No hay forma que pueda determinar la extensión del daño porque la estimulación temprana es clave para los avances de mi hija. Hubo abuso de confianza porque se aprovecharon de nosotros”.

Respecto a las medidas de coerción, la fiscal solicitó restricciones de menor intensidad durante el período de investigación penal preparatoria, con un plazo estimado de seis meses. Entre estas medidas, se incluyó la obligación de firmar el libro de comparendo, presentar caución personal o real por $7.000.000, presentarse periódicamente en la comisaría del domicilio fijado, la prohibición de salir sin autorización de la provincia y la restricción de acercamiento a menos de 300 metros de la familia de la víctima.

Tras un cuarto intermedio, la jueza encargada de la causa evaluó lo expuesto por la Fiscalía, tanto en cuanto a los hechos relatados como a las medidas de coerción solicitadas, quedando formalizadas dichas restricciones para las acusadas mientras se desarrolla la investigación.