Imputan a una agente policial por usar un certificado médico falso

Una joven agente policial de 23 años enfrenta un proceso judicial tras ser acusada de haber presentado un certificado médico apócrifo, en el cual se consignaba un diagnóstico inexistente —un supuesto dolor lumbar— emitido, además, a nombre de un cardiólogo que actualmente se encuentra jubilado.

La investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, bajo la dirección de Diego López Ávila, y la imputación recae sobre la uniformada por el delito de uso de documento falso, en calidad de autora directa.

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito brindó detalles sobre el hecho y las pruebas recolectadas hasta el momento. De acuerdo con la acusación, el episodio tuvo lugar el lunes 30 de junio del año en curso, cuando la agente presentó ante el personal de la División de Servicios Médicos de la Policía de Tucumán un certificado médico con sello, firma y membrete de una clínica ubicada en calle 9 de Julio al 200. En dicho documento se indicaba que padecía de “dolor lumbar” y que debía guardar reposo durante cinco días, lo que le permitiría justificar su inasistencia laboral del domingo 29 de junio y, además, extender su licencia médica más allá de lo habitual.

Sin embargo, la investigación determinó que el sello utilizado pertenecía a un médico cardiólogo jubilado desde 2023, quien nunca trabajó en esa clínica. Brito explicó que, al ser entrevistado por la Fiscalía, el profesional confirmó que la firma del certificado no era suya, aunque reconoció que el sello sí le pertenecía. Aclaró, además, que el mismo se encontraba en una empresa privada que cerró sus puertas en 2018, cuando él aún ejercía la medicina.

Frente a las evidencias reunidas, la fiscalía solicitó que se impusieran medidas alternativas a la prisión preventiva, de carácter leve y por un período de tres meses. Estas consisten en la promesa de la imputada de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, la obligación de fijar y mantener un domicilio estable, la prohibición de realizar cualquier acción que interfiera en el descubrimiento de la verdad o en la aplicación de la ley, y la exigencia de presentarse ante el tribunal cada vez que sea convocada.

Finalmente, la jueza interviniente dio lugar a lo solicitado por el Ministerio Fiscal, dejando asentado que la acusada deberá cumplir estrictamente con todas las condiciones impuestas mientras avanza la investigación sobre la utilización del documento falso. De esta manera, la causa continúa en trámite, y se aguarda el desarrollo de nuevas medidas probatorias para determinar la responsabilidad penal definitiva de la agente policial.