El Juzgado de San Pablo ordenó la restitución de un terreno privado en Ohuanta, luego de que una investigación revelara una usurpación violenta organizada presuntamente por Valeria Ramasco, empleada de la comuna de El Manantial. Según la fiscalía, en junio de 2023, un grupo de unas 30 personas, lideradas por Ramasco, ingresó al predio ubicado frente al barrio 6 Viviendas (cerca del country The Point) armados con machetes, destruyendo cultivos y alambrados, y obligando al tenedor legal a retirar sus animales.
El juez Sebastián Norniella Parache imputó a 23 personas (9 hombres y 13 mujeres) por usurpación con violencia y amenazas, y dio un plazo de 30 días para la desocupación voluntaria, bajo advertencia de un desalojo forzoso. Además, impuso reglas de conducta por cuatro meses para los acusados y medidas de protección para los dueños legítimos.
La investigación: venta ilegal y agresiones a la policía
La fiscal Daniela Briz Tomas y el fiscal Carlos Saltor descubrieron que, durante el proceso judicial, los ocupantes vendieron lotes a terceros, incluso después de iniciada la causa. En una inspección del 11 de marzo de 2024, la Unidad Regional Oeste halló 10 viviendas en construcción y confirmó que muchos de los invasores originales ya habían comercializado los terrenos.
Durante el operativo, Ramasco y otra mujer fueron detenidas por agredir a la policía con palos y amenazas, aunque luego liberadas por tratarse de delitos excarcelables. Pese a declararse como «ama de casa», se comprobó que Ramasco ocultó su vínculo laboral con la comuna de El Manantial, lo que agravó las sospechas sobre su rol organizativo.
Un delito en expansión
La fiscalía calificó el hecho como un «accionar sistemático y violento», donde los imputados usaron machetes y palos para intimidar tanto al dueño como a las autoridades. Además, destacó que muchas de las personas que compraron los lotes podrían haber actuado de buena fe, ignorando que las tierras estaban usurpadas.
Este caso expone una modalidad delictiva creciente: ocupaciones violentas seguidas de falsificación de documentos y ventas irregulares. La causa sigue abierta, con más de 20 imputados bajo investigación, mientras se espera el cumplimiento de la orden de desalojo.