El vertiginoso ascenso de Valentina Olguín, la joven influencer y cantante oriunda de Santiago del Estero que alcanzó notoriedad gracias a su presencia en TikTok y sus colaboraciones con reconocidas marcas internacionales, parece haber llegado abruptamente a su fin tras quedar involucrada en un escándalo judicial de grandes dimensiones. Lo que en un principio fue una denuncia aislada por uso indebido de información fiscal, terminó convirtiéndose en una compleja causa federal con tintes políticos, que involucra a cinco gobernadores provinciales como presuntas víctimas y que ahora apunta a un delito mucho más grave: contrabando simulado en concurso real.
El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, decidió endurecer las acusaciones y reclasificar el caso, decisión que deja a Olguín, de 27 años, frente a un panorama judicial delicado. La artista deberá comparecer ante los tribunales el próximo 4 de noviembre, donde deberá responder por las maniobras mediante las cuales, según la investigación, habría utilizado de manera fraudulenta los datos fiscales de los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). Los registros judiciales indican que entre septiembre y octubre del año anterior se detectaron al menos 16 operaciones sospechosas.
Dichas operaciones habrían tenido lugar en la tienda online estadounidense Revolve, especializada en productos de moda de lujo. De acuerdo con las pruebas recolectadas, Olguín habría empleado los CUIT de los gobernadores para evitar las restricciones aduaneras que limitan las compras personales del exterior —establecidas en un máximo de 3.000 dólares—, con el fin de continuar adquiriendo prendas tras agotar su propio cupo. La investigación se intensificó tras un allanamiento realizado el 12 de diciembre de 2024 en su domicilio por parte del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal, donde se incautaron 16.646 dólares en efectivo, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil y varias prendas de marcas internacionales, todo considerado evidencia clave.
La defensa de la influencer intentó frenar el avance del proceso mediante una probation, ofreciendo realizar tareas comunitarias en Tucumán y emitir disculpas públicas dirigidas al gobernador Jaldo. Sin embargo, el fiscal Chit rechazó tajantemente el pedido al considerar la magnitud de los hechos y la cantidad de delitos presuntamente cometidos. Si el rechazo se confirma, el caso podría avanzar hacia un juicio oral, en el que cada operación detectada se trataría como un delito independiente, lo que podría derivar en penas acumulativas.
El conflicto tomó estado público cuando el propio Osvaldo Jaldo denunció que su CUIT había sido utilizado en operaciones comerciales que nunca realizó. El mandatario expresó su indignación afirmando: “De inmediato presenté la denuncia en la Aduana, en ARCA y también en la Justicia Federal, como cualquier ciudadano. Esto puede pasarle a cualquiera”. Con el avance de la investigación, Jaldo descubrió que no era el único afectado. “Somos cinco gobernadores, de distintos espacios políticos, víctimas de esta misma maniobra. Esto no lo hizo una persona sola; hay asesoramiento detrás y conocimiento del sistema. Le pido a los tucumanos que revisen si no están siendo también víctimas. Esto no es político, es grave, están violando la seguridad de todos los ciudadanos”, advirtió.
El gobernador también aclaró que no se vieron comprometidos sus fondos personales: “No usaron mi dinero ni mi tarjeta, pero sí mi nombre y mis datos para actuar ilegalmente”.
Tres días después de que el caso saliera a la luz, Valentina Olguín rompió el silencio. En declaraciones públicas, aseguró haber actuado “desde el desconocimiento” y manifestó estar “a disposición de la Justicia” para colaborar con la investigación. Reconoció haber utilizado datos ajenos con el fin de evitar retenciones aduaneras, explicando: “Pensé qué CUIT podían tener bien constituido el domicilio fiscal para que no me retuvieran más los paquetes. Lo hice desde un lugar inmaduro, sin saber que podía traer consecuencias graves. Ahora veo que fue una tontería no haberlo razonado mejor”.
Según su versión, no existía una finalidad comercial detrás de las compras, sino que se trataba de intercambios con marcas extranjeras, que le enviaban ropa a cambio de publicaciones o videos promocionales. Sin embargo, para la Justicia los hechos sugieren algo mucho más serio. Los investigadores analizan si Olguín incurrió en delitos federales como falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de información protegida, delitos que podrían transformar lo que parecía un caso de fraude digital aislado en un precedente emblemático sobre la vulneración de identidad y la manipulación de datos en la era de las redes sociales.
Con más de 425 mil seguidores en Instagram y 192 mil en TikTok, Valentina Olguín había logrado consolidarse como una de las figuras emergentes del pop urbano argentino, con temas como “Piel a piel”, “Dime cosas lindas” y “Baila morena”. Tras su paso por las bandas LQmbia y Dame 5, había iniciado una carrera solista que fusionaba música, moda y presencia digital constante. Además, dirigía un emprendimiento de indumentaria en el barrio porteño de Núñez, que según la pesquisa podría haber funcionado como fachada para las maniobras investigadas.
Hoy, su carrera artística y su imagen pública se encuentran en pausa. La figura glamorosa y mediática que alguna vez representó contrasta drásticamente con la realidad que enfrentará el 4 de noviembre, cuando deba presentarse ante la Justicia Federal para explicar cómo una influencer del pop argentino terminó involucrada en un entramado de contrabando, falsificación y uso ilegal de identidades gubernamentales.
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