En un fallo considerado sin precedentes a nivel nacional, la justicia en Tucumán determinó que los padres de una menor fueran imputados por las acciones de su hija, amparándose en la ley que establece la responsabilidad parental.
El juez Alejandro Tomas, al emitir su fallo, reconoció que se trata de una cuestión debatida en la doctrina legal. No obstante, decidió dar lugar a la petición del Ministerio Público Fiscal, vinculando penalmente a E. y J., padres de la menor L., con el homicidio culposo ocurrido en 2021, cuando su hija, de 12 años en ese momento, ocasionó un accidente mortal.
Los nombres de los involucrados no se mencionan para evitar la revelación indirecta de la identidad de la menor. Los medios solo tuvieron acceso a la audiencia con la condición de no exponer a la causante, quien era inimputable en el momento del accidente fatal.
Según explicó Diego Hevia, Fiscal de Graves Atentados contra las Personas I, el 22 de mayo de 2021, los padres permitieron que su hija de 12 años condujera una camioneta Toyota Hilux hasta la casa de un pariente en Las Talitas. Esto llevó a una tragedia en la que la niña perdió el control del vehículo, embistiendo a un niño de tres años antes de chocar contra una pared. El pequeño falleció debido a la violencia del impacto.
El hecho causó conmoción y disturbios en el vecindario. Algunos vecinos afirmaron que la conductora estaba manejando a alta velocidad y aparentemente intentó hacer un derrape antes de perder el control.
Este no era el primer episodio en el que la niña era vista manejando vehículos motorizados a gran velocidad. Testigos mencionaron que la habían visto hacer «willy» en una moto y conducir un cuatriciclo azul por la cuadra.
La situación se volvió violenta y L., desesperada, llamó a su padre para pedir ayuda. La familia de L. reaccionó con violencia también, y los padres, junto con otros individuos, llegaron al lugar en otra camioneta. Algunos de ellos, armados, realizaron disparos al aire para intimidar a los presentes. Posteriormente, uno de ellos abordó el vehículo involucrado en el accidente y se lo llevaron con la niña dentro. Horas después, el dueño del vehículo lo entregó a las autoridades para que fuera peritado.
Basándose en estos hechos, el fiscal solicitó allanamientos en los que se incautaron varias armas no registradas a nombre de los propietarios. Una de ellas tenía una orden de secuestro por un robo en 2016.
Con esta evidencia, Hevia pidió que los tres miembros de la familia de L. y un vigilante que trabajaba para la empresa de transporte de la familia fueran imputados por posesión no autorizada de armas.
Además, acusó a los padres de la niña que protagonizó el accidente mortal por homicidio culposo, no como autores, sino por no tomar las precauciones necesarias para evitar que su hija condujera y causara el trágico accidente.
En la audiencia del lunes, los acusados optaron por no declarar. La defensora de los imputados, Tania Visintini, impugnó la solicitud del fiscal Hevia, argumentando que dos fiscales habían tenido enfoques distintos al momento de solicitar la imputación.
Visintini defendió a los acusados explicando que el caso inicialmente fue manejado por otro fiscal (Claudio Bonari), quien no abrió una investigación al considerar que la autora del acto era inimputable debido a su edad, lo que significa que no sería penalmente responsable por la muerte que causó. En su lugar, este fiscal derivó el caso al fuero civil para abordar el daño causado a la familia del niño fallecido.
El juez Tomas rechazó ambos argumentos presentados por Visintini. El fiscal pidió medidas menos drásticas para supervisar el proceso, sugiriendo normas de comportamiento para los acusados y prohibición de acercarse a la familia de la víctima, además de fijar una fianza de 10 millones de pesos para E. y J. para asegurar su compromiso con el proceso. El juez accedió a la fianza, aunque estableció que la pareja solo debía pagar la mitad de la cantidad solicitada por la Fiscalía./Fuente: Contexto