El crimen de Zoe, la niña de siete años que recibió un disparo mortal mientras jugaba en la vereda de la casa de su abuelo en San Cayetano, continúa dejando al barrio sumido en una mezcla de indignación, temor y desconcierto. A pesar de que la investigación judicial avanzó con detenciones iniciales y la recolección de pruebas clave, el caso todavía está atravesado por fuertes incertidumbres sobre el origen del ataque, la totalidad de los involucrados y el trasfondo violento que parecía atravesar a las familias implicadas.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones hechas por los investigadores, el jueves 20 de noviembre, cerca de las 16.20, cuatro jóvenes irrumpieron en la cuadra: dos de ellos se desplazaban a pie y los otros dos en motocicleta. En ese momento, uno comenzó a disparar hacia el domicilio con al menos cinco tiros. Uno de los proyectiles impactó en Zoe, provocándole lesiones gravísimas. Los vecinos reaccionaron de inmediato y la trasladaron primero al CAPS más cercano y, posteriormente, al Hospital de Niños, donde los médicos intentaron estabilizarla frente a un cuadro crítico de hipertensión craneana. Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo de salud, la niña fue diagnosticada con muerte cerebral al día siguiente por la tarde.
Ese mismo jueves por la noche se produjeron las primeras detenciones: un joven de 19 años conocido como “Ratón” y un adolescente de 16 apodado “Menor”. Ambos quedaron sometidos a audiencias judiciales y se les impusieron medidas cautelares por un plazo de cuatro meses. Pero las tensiones no cesaron: tras confirmarse la muerte de Zoe, se registró un brote de violencia vinculado a la causa, cuando un grupo incendió la vivienda del padre de otros dos sospechosos que permanecían prófugos.
Presionados por esta escalada, el viernes finalmente se entregaron “Chueco”, un vendedor ambulante de 18 años, junto a su hermano menor de 15 años, quien es inimputable por su edad. El sábado, la auxiliar fiscal María José Agüero imputó a “Chueco” como autor del homicidio doblemente agravado y solicitó que fuera alojado en la Unidad 5 de Villa Urquiza. Las primeras pericias resultaron decisivas: cámaras de seguridad ubicaron al joven como el único agresor armado en el momento del ataque, reforzando así la hipótesis de que fue él quien efectuó los disparos.
Mientras tanto, la familia de Zoe comenzó a exponer públicamente lo que consideran un trasfondo alarmante. Su tía Lorena aseguró que el entorno familiar había sido víctima de amenazas reiteradas y que varias denuncias previas no habrían tenido la respuesta adecuada por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, vecinos de la zona sumaron otra posible línea de conflicto: señalaron que la balacera podría estar vinculada a disputas territoriales por la venta de drogas, aunque esa versión aún no fue confirmada oficialmente y sólo se analiza como una de las varias hipótesis.
En el plano judicial, existen algunos datos firmes sobre los cuales se estructura la causa: la figura del presunto tirador, la dinámica del ataque dirigido específicamente al domicilio y el testimonio de personas que observaron a los agresores movilizarse en dos rodados distintos. Sin embargo, las lagunas siguen siendo muchas. Entre ellas, no se ha determinado el motivo que originó el ataque; tampoco está verificado si otro menor habría filmado la secuencia para su posterior difusión —una sospecha que surgió en el análisis preliminar de videos—, y permanece abierta la posibilidad de que una quinta persona, también menor, haya tenido algún grado de participación en los hechos.
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que todavía restan realizar peritajes de importancia: ampliaciones de declaraciones testimoniales, estudios más detallados de los videos disponibles y pericias técnicas destinadas a establecer si el tiroteo fue instigado por alguien más o si fue parte de un conflicto previo que no había sido registrado adecuadamente.
Mientras todo esto ocurre, la comunidad de San Cayetano sigue conmocionada. El asesinato de Zoe no sólo dejó al descubierto una situación de extrema violencia, sino también un posible entramado de advertencias y denuncias previas que no habrían sido atendidas a tiempo. Con la causa aún en una etapa muy inicial, el expediente avanza entre certezas parciales y preguntas todavía sin respuesta.
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